Desde La Palabra Justa reproducimos el documento que saco la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) sobre la situación que en estos últimos días en torno a la asonada de la Policia de la Provincia de Buenos Aires.
Un policía NO es un trabajador. Que perciba remuneraciones, lo ampare una obra social, acceda a un haber de retiro, etc., no implica que asuma aquella condición, que requiere, al menos, no estar del lado de los explotadores ni menos ser su fuerza de choque para el control y el disciplinamiento social.
Cuando el conflicto docente durante la gestión de María Eugenia Vidal, estos mismos policías que hoy se levantan, además de obedecer sin fisuras la orden de reprimir y espiar, mandaron su apoyo explícito a la gobernadora. Se sacaron una foto que decía “Gobernadora, mándeme una maestra que se la devuelvo con vocación de servicio”. Más allá del inocultable sesgo machista y lo repudiable en todo sentido que apareja esa apropiación, es conveniente recordarlo para demostrar la improcedencia de aquella idea “igualitaria”. No se puede confundir docentes con policías, y menos aún, por imperio de la pandemia, compararlos como “esenciales” con lxs trabajadorxs de la salud.
Desde un hecho fecundo, como es enseñar, lxs trabajadorxs se pueden emancipar. De un tiro en la cabeza a otro ser humano, nadie se emancipa. Lo coercitivo, y el consiguiente efecto terror que impacta en la subjetividad de nuestra gente, está en las antípodas del proceso creativo, sanador, productivo, que enmarca a lxs trabajadorxs.
La Bonaerense es la fuerza responsable de la mayor cantidad de muertes en manos del estado en sus diversas modalidades para desplegar el uso monopólico de la fuerza. El reclamo maquilla la necesidad de impunidad frente a sus constantes crímenes: las declaraciones de uno de los que emergen como voceros del motín, celebrando que Berni no haya tomado medidas contra los policías involucrados en la desaparición forzada de Facundo Castro, van de la mano con el punto central de su petitorio, que pretende que sus prácticas criminales, como el gatillo fácil, no sean investigadas. Ni siquiera faltó el saludito a Chocobar, en vistas a su inminente juicio. No naturalizar es indispensable a la hora de abordar el amotinamiento policial bonaerense. El pliego de demandas de los amotinados no es una paritaria laboral. Por el contrario, es una pretendida legitimación de una función clave a la hora de dirimir la crisis del sistema mediante un modelo de contención represiva antes que social.
El manejo de la cuarentena, con 39 muertos en manos del estado provincial en distintos hechos represivos -33 por la policía-, la desaparición forzada y muerte de Facundo Castro, los posicionamientos reaccionarios frente al drama de la vivienda y de la desigualdad que deriva en ocupaciones de tierras, entre otros, constituyen indirectamente el aval a esta policía y no deja dudas sobre la responsabilidad política que entraña.
El paisaje se completa con el anuncio del Plan de Fortalecimiento de la Seguridad, para una provincia acuciada por necesidades sociales heredadas y acrecentadas por la pandemia, que destina 38 mil millones de pesos nada menos que para profundizar esa política. Consolidar el modelo policial como respuesta al conflicto social que se potencia tiene sus riesgos. Si sostuvimos, antes de esta asonada, que Sergio Berni no debía permanecer un solo minuto más en el cargo, hoy esa cuestión se torna imprescindible. La política de empoderar a la bonaerense por sobre la necesidad de conducirla es funcional a estas movidas.
En este contexto, estos uniformados, constituidos como banda pertrechada por el mismo Estado y entrenada en extorsionar para llevarse la propia, rodeó la Quinta de Olivos con patrulleros y reglamentarias en la cintura. Un amplio y poderoso arco de intereses contrarios a los del pueblo representados por la alianza Juntos por el Cambio, Espert y lo más rancio de la derecha argentina, celebra socarronamente. Los mismos que han reivindicado los hechos represivos más deleznables de los últimos tiempos, sostienen esta movida de quienes aún no han rendido cuenta por cada uno de ellos.
La respuesta por parte del gobierno, tanto nacional como provincial, se centró en señalar la “justeza” del reclamo, con algún cuestionamiento a “la formas” sin consecuencia concreta alguna, y al anuncio de una serie de medidas para satisfacerlo. Ayer el presidente de la Nación Alberto Fernández, sentado junto a Sergio Massa, dijo que se transferirá un punto de coparticipación a la provincia para que la provincia pueda hacer frente a los aumentos salariales. Hace instantes, el gobernador de la provincia, en una puesta en escena que contó con los intendentes afines y que puso en un extremo de la mesa al otrora ministro primer plano de seguridad Sergio Berni, anunció una serie de medidas que encaminan el conflicto en los términos planteados por los amotinados. Les dio la razón con una afirmación poco menos que temeraria: “El salario de la policía es el que más se resintió”. Docentes, trabajadorxs de la salud, personal administrativo del estado provincial, no opinan lo mismo.
Prometió avanzar para equiparar el ingreso de los policías bonaerenses a los federales, con un piso de $44.000, la triplicación de las partidas para compras de uniformes y el pago de horas extras y la exclusividad de dos hospitales para las fuerzas de seguridad. Sumando el básico, las horas extras y la plata destinada a compra de uniformes, el piso pasa a superar los $60.000.
El gobernador, en un giro que pretende borrón y cuenta nueva, “advirtió” que serán exigentes con el profesionalismo de la fuerza. Sin sanciones para el amotinamiento, ni el presidente ni el gobernador hicieron referencia a que, utilizando recursos estatales, como las armas y patrulleros, salieron a extorsionarlos explícitamente, con una agenda que, vale reiterar, no se limitaba al reclamo monetario. Valga como ejemplo que la bandera más grande y visible anoche frente a la residencia presidencial de Olivos reclamaba “libertad para los 8 policías de la comisaría de La Tablada”, en referencia a los violadores seriales y torturadores de 28 mujeres en la seccional 3ª de La Matanza, cuya prisión preventiva fue recientemente confirmada. Eso son los amotinados.
Suele decirse que para administrar la Provincia de Buenos Aires es necesario sentarse a negociar con la bonaerense. Pero gobernar es otra cosa. Ceder, conceder y empoderar a la policía no puede ser nunca una salida efectiva de la crisis que atraviesa la provincia de Buenos Aires y amenaza replicarse en otros lugares del país.
Desde CORREPI convocamos a la más amplia unidad de lxs que defienden los intereses populares para repudiar enérgicamente el motín y exigir su innegociable castigo.
CORREPI.
Proponemos una acción conjunta a nivel latinoamericano contra la represión policial 8 de octubre Brigada jurídica Eduardo Umaña Mendoza
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