NO A LOS DESALOJOS EN LA PLATA !!!

 la Plata-Provincia de Buenos Aires.

Vecinos y vecinas de del Barrio Los Pinos en La Plata están en estos momentos frente a la casa de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires exigiendo que se frenen las amanezas contra ellos y contra las tomas en todo la provincia, debido a la crisis habitacional que vive la provincia cientos de familias se ven en la obligación de buscar un lugar donde vivir, esta situación se agrava mas aun en el marco de la pendemia y el aislamiento social, preventivo y obligatorio ya que eso impide que quienes trabajan en la informalidad se vean imposibilitados de salir a buscar el sustento cada día.

También hay que repudiar los dichos del presidente de la cámara de Diputados de la Nación Sergio Massa quien manifestó que en el gobierno nacional se evalúa quitarle el IFE o la AUH a las personas que tomen terrenos, esta es una provocación mas de un gobierno que en vez de tener empatia y solucionar los problemas del pueblo se dedica a amenazar a los que peor la pasan en este contexto.

Ahora# corte en la Gobernación de Buenos Aires. 

Las familias de Barrio Los Pinos reclama por sus terrenos. Queremos vivir en paz. 

Basta de abuso policial.

Basta de amenaza de desalojo.

No queremos ningún proyecto.

No queremos a ningún político mentiroso. 

Nosotros y nosotras nos organizamos.

JUSTICIA POR FACUNDO ASTUDILLO CASTRO !!!!

 Se realizó el acto del ENCUENTRO MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA.

Estuvieron presentes Cristina Castro y sus abogados. 

Durante el acto se pintó un raster con la imagen de Facundo exigiendo su Aparición con vida. 

Se leyeron el petitorio presentado a presidencia y el pronunciamiento consensuado por las organizaciones del Encuentro.

Cristina Castro cerró el acto exigiendo justicia para Facundo y todos los jóvenes que sufren abusos por parte de la policía y reiterando su pedido de renuncia a Sergio Berni.

PETITORIO PRESENTADO A PRESIDENCIA:

Ciudad de Buenos Aires, 27 de agosto de 2020.

Al señor presidente

de la Nación Argentina

Dr. Alberto Fernández

S/D

Señor Presidente:

Desde el Encuentro Memoria Verdad y Justicia vemos con grave preocupación la deriva de la situación de los Derechos Humanos en Argentina.

De acuerdo a nuestros registros, tenemos documentados noventa y dos casos de asesinatos en todo el país desde el inicio de la pandemia. 

Innegablemente el dejar a las fuerzas policiales y de seguridad a cargo del control de la cuarentena ha dado como resultado este salto de crímenes y abusos. La salud de nuestro pueblo no puede estar en manos de las mismas fuerzas que han cometido miles de crímenes contra él.

La conmoción de la sociedad por estos crímenes encuentra su punto culminante en el caso de Facundo Astudillo Castro. Pocas horas después de que se encontrasen restos humanos junto a alguna de sus pertenencias en un descampado, otro joven, Franco Martinez, apareció ahorcado en la Reserva Ecológica de CABA.

Es de destacar, en un caso, la forma artera en que se diseminaron restos humanos, con total impunidad, en una zona altamente controlada por el Estado, así como el hecho, en el otro caso, de que nadie podría entrar a CABA desde Provincia de Buenos Aires, ni traspasar una Reserva Ecológica, altamente vigiladas ambas por el Estado. A ello se suma la desaparición forzada seguida de muerte de Luis Espinoza en la provincia de Tucumán con las maniobras aberrantes de encubrimiento cometidas por las fuerzas provinciales.

En el caso de Facundo Astudillo Castro, que está desaparecido desde hace cuatro meses, fue visto por última vez cuando se lo subía a un patrullero de la policía bonaerense. 

Ante estos hechos y en este contexto, se producen dilaciones inadmisibles.

Al mismo tiempo, en el caso de Facundo, la familia ha pedido, ante las pruebas evidentes de que fue interceptado y llevado por fuerzas policiales, se detenga y ponga a disposición de la justicia al personal policial involucrado. La responsabilidad que pesa ante estos casos sobre el Ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni, son a esta altura innegables, por lo que corresponde sea apartado de inmediato de sus funciones.  Es por eso que uno de los puntos de nuestra campaña, tal como lo reclama la mamá de Facundo, es exigir su inmediata destitución.

El Estado no ha dado lugar, hasta ahora, a ninguno de todos estos legítimos reclamos.

Como integrantes históricos de la comunidad de derechos humanos de este país, es por todo ello que venimos a reclamarle, en tanto tiene Ud. la máxima responsabilidad política, lo siguiente:

1. Se denuncie al fiscal Santiago Ulpiano Martínez, que ha tenido actitudes manifiestas de encubrimiento de las fuerzas policiales y se ordene la detención del personal policial involucrado en la desaparición de Facundo Astudillo Castro.

2. Se proceda a transparentar, con los datos actualizados, la lista de víctimas fatales a manos de las fuerzas de seguridad, producidas en evidente uso ilegal de la fuerza, atento a que la información oficial brindada al respecto contabiliza solo 32 casos de esta índole, cuando nuestros registros señalan por lo menos 92 casos.

3. Se le exija al gobernador Axel Kicillof la separación de Sergio Berni del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. 

4. Dar de baja los artículos 3° y 4°del decreto 297/2020, que habilitan la autoridad de los ministerios de seguridad y sus fuerzas para el control de la cuarentena e investigar el conjunto de los hechos de violencia. 

Quedando a la espera de su resolución, saludamos a usted atentamente.

SITUACION CARCELARIA EN COLOMBIA

 DD-HH COLOMBIA

CARTA ABIERTA

 AL PUEBLO COLOMBIANO, A LOS PUEBLOS SOLIDARIOS DEL MUNDO, A LAS ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS, A LAS ORGANIZACIONES POPULARES, SOCIALES Y SINDICALES, A LAS IGLESIAS, A TODES AQUELLES COMPROMETIDES CON LA DEFENSA DE LA VIDA, AL GOBIENO NACIONAL

Quienes suscribimos esta comunicación, denunciamos y hacemos pública la situación de Derechos Humanos que se vive en las prisiones colombianas, agravada por la pandemia del Covid-19 que enfrenta la humanidad.

Los centros de reclusión, son sin duda lugares en los que concurren factores de alto riesgo para la salud y la vida de las personas privadas de la libertad, debido a problemáticas estructurales tales como la sobrepoblación, el hacinamiento, la infraestructura deteriorada, la carencia de servicios básicos, en especial el suministro de agua, la deficiente y pésima alimentación, la falta de atención oportuna, necesaria y vital de los servicios médicos, entre otras.  Aunado a esto, se tiene que la gran mayoría de personas en prisión, han crecido y vivido en la pobreza, sometidos a condiciones que determinan su estado de salud.

Todas estas condiciones materiales implican que la población reclusa, está altamente vulnerable a la COVID-19. Por cuanto no es posible la materialización de medidas de prevención como el aislamiento social, por ejemplo. Pero adicionalmente, el sistema de salud no tiene la capacidad para atender una situación de contagio masivo. 

En la actual emergencia sanitaria, la población privada de la libertad no ha encontrado solución alguna a esta situación, a pesar de las múltiples solicitudes realizadas desde las detenidas y detenidos, las Asociaciones de Familiares y organizaciones sociales y de derechos humanos, la Academia y asociaciones de abogados de todo el país; además de las recomendaciones emanadas de organismos supranacionales como la Comisión Interamericana de derechos humanos, CIDH, el subcomité contra la tortura de las Naciones Unidas, entre otros. Según las cifras oficiales, hay 2951 casos positivos entre las personas privadas de la libertad y 24 muertes a nivel nacional; pero esta realidad parece estar mediada por el sub-registro. La población reclusa indica que son muchos más los internos/as afectadas a quienes ni siquiera se les practican las pruebas y por lo tanto no entran a ser parte de las estadísticas del Inpec. Asimismo, afirman que en solo 6 establecimiento se cuentan al menos 26 decesos (Picota: 6, Villavicencio: 3, Cúcuta: 3, Reclusión de mujeres Bogotá: 2, Pasto: 1, Cali: 8, Cartagena: 3) .

Ante el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Dirección General Nacional del Inpec, los diferentes organismos o entes judiciales, se han presentado recomendaciones y solicitudes a para la garantía real de los derechos constitucionales de las personas en prisión durante pandemia, entre las que se encuentran:

i. La necesidad de reducir sustancialmente la población carcelaria, para asegurar la posibilidad cierta de guardar el distanciamiento social y mejorar la capacidad de atención médica en caso de contagio.

ii. La implementación de todos los protocolos de prevención, que incluyen la dotación de elementos de bioseguridad: tapabocas, trajes, jabón líquido, alcohol, hipoclorito, etc, con destino a la población carcelaria.

iii. El control de ingreso de personal externo, para que este cumpla con todas las medidas de prevención necesarias.

No obstante lo anterior, las medidas implementadas por el Gobierno Nacional han sido insuficientes para contener el virus en los establecimientos de reclusión y brindar adecuada atención en salud. Múltiples falencias se están presentando y requieren la adopción de correctivos inmediatos:

i) El Decreto 546 de 2020 no ha beneficiado a más de 900 reclusos y reclusas, por lo que tal como había sido previsto, no ha tenido un impacto real en la situación carcelaria, en razón al excesivo y desproporcionado sistema de exclusiones que conserva. Estas limitaciones de la norma, se ven agravadas con las interpretaciones restrictivas de la libertad que aplican los jueces de ejecución de penas y la falta de celeridad en la toma de decisiones.

ii) A la población reclusa no se le ha hecho entrega de elementos de protección básicos.

iii) Los lugares de aislamiento creados al interior de los establecimientos son indignos. Las personas que son recluidas en dichos sitios no tienen formas de contactar a sus familias, ni éstas son informadas por parte del INPEC sobre las condiciones de salud de sus seres queridos.

iv) Según el Consorcio para la prestación del servicio de salud en cárceles, las búsquedas activas de casos, se realizan cuando se presentan síntomas. Aun así, no a todas las personas que los presentan se les practican las pruebas. Esto ha llevado a que muchos detenidos/as contagiados permanezcan en sus patios, cuidando su enfermedad con los precarios medios a su alcance.

v) Se ha presentado un incremento aberrante de la corrupción de la guardia penitenciaria y personal administrativo. A la población reclusa se le está realizando cobros indebidos por permitir el ingreso de donaciones o encomiendas con elementos de aseo y de bioseguridad y por el trámite oportuno de medidas de excarcelación.

vi) Otra problemática que agrava la situación de las personas privadas de la libertad en el marco de la pandemia, es el desabastecimiento, carestía y mala calidad de los productos de los expendios. Lo que hace que ellas y ellos no puedan acceder a productos necesarios al interior de las prisiones y que no son dotados por el establecimiento, entre estos, los PIN para poder realizar llamadas telefónicas.

vii) Adicionalmente, la prestación del servicio de alimentación sigue sin cumplir los estándares nutricionales, de higiene, cantidad y calidad. En la Reclusión de Mujeres El Buen Pastor, por ejemplo, las detenidas que reciben dietas especiales por salud, denunciaron que durante dos días solo recibieron arroz y queso para comer; las demás hablaron de la escasez y entrega de alimentos en descomposición. En La Picota, los internos han señalado que el nuevo Consorcio contratado por la Uspec (Alimentos Saludables) está haciendo entrega productos en muy malas condiciones, razón por la cual se están gestando jornadas de protesta al interior de la cárcel. Esta problemática es generalizada. Desde muchos si no todos los establecimientos de reclusión del país, la población carcelaria ha notado una desmejora notoria del servicio, a partir del cambio de Empresas privadas,que se dio en junio de este año. Aunque aclaran que se trata de las mismas sociedades que siempre han beneficiado de la contratación con la Uspec, pero que se alían entre sí o cambian de nombre, para burlar en varios casos, las sanciones que se les ha impuesto por el incumplimiento de contratos anteriores.

Las carencias nutricionales que se producen como consecuencia de toda esta problemática,afecta el sistema de defensas de la población privada de la libertad.

viii) A las medidas restrictivas como la suspensión de visitas o ingreso de abogados y organizaciones de derechos humanos, no se han implementado otras que generen un equilibrio y reduzca el impacto negativo en términos sicosociales. No es cierto que toda la población reclusa tenga acceso a video-llamadas con sus familias o defensores/as. Al contrario, la mayoría está excluida de esta posibilidad, lo cual afecta profunda y desproporcionadamente sus derechos al acercamiento familiar, acceso a la justicia, defensa, entre otros.

Por otro lado, es bueno resaltar que la extensión de los casos del contagio ha sido ocasionado fundamentalmente por la falta de medidas de bio-seguridad de la guardia penitenciaria y personal contratista y los traslados de personas entre patios y centros de reclusión. Ambas causas, son atribuibles exclusivamente a las autoridades estatales.

Esta situación está generando un descontento y miedo generalizado de las personas privadas de la libertad y en razón a esto,han gestado jornadas de protesta legítima, a las que se ha respondido con medidas represivas. Uno de los casos más cuestionados tuvo lugar el 21 de marzo en la Cárcel Nacional Modelo donde fueron asesinados en estado de indefensión 23 internos y otros 85 fueron heridos.

Todas estas situaciones hablan de un sistema penitenciario indigno y de la indolencia inadmisible de las autoridades estatales en su conjunto, y se hace necesario, como ya lo indicamos, adoptar correctivos inmediatos para que cese la profundización del estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario, que se está presentando con ocasión de la pandemia.

Por todo lo anterior, solicitamos la instalación de la mesa nacional que viene siendo propuesta por el Movimiento Nacional Carcelario, en la cual se garantice la participación de las personas privadas de la libertad, sus familiares y organizaciones acompañantes, de tal forma que se adopten decisiones y compromisos que respondan a la realidad carcelaria y no a presupuestos falsos sobre esta. 

Desde distintos lugares de Colombia y el mundo, agosto de 2020

Organizaciones Nacionales

Movimiento político de masas social y popular del centro oriente de Colombia

Fundación de Derechos Humanos Pasos

Comité de solidaridad con los presos políticos

Corporación Humanas

Mujeres Libres

Corazón Humano

Corporación Choapo

Corporación  Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria, Cospacc

Congreso de los Pueblos

Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza

Equipo Jurídico Pueblos

Sindicato Mixto de Trabajadores/as de las Universidades Públicas Nacionales, Sintraunal (Subdirectiva Bogotá)

Sindicato Nacional de trabajadores/as del sistema agroalimentario, Sinaltrainal

Red de Universitarios por la Paz – RedUnipaz

Asociación para la investigación y la acción social, Nomadesc

Universidad intercultural de los pueblos, UIP

Semillero de criminología e investigación forense de la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Industrial de Santander, UIS

Semillero Comuna Quilombo, Universidad Industrial de Santander 

Semillero de investigación sobre prácticas sociales genocidas Carmenza Landazábal, de la Universidad Industrial de Santander, UIS

Grupo de Investigación América Latina: Transformaciones, Dinámicas Políticas y Pensamiento Social - Universidad Nacional y Universidad Pedagógica

Organización Política Red-Surgiendo

Colectivo Ramona, Bucaramanga

Plataforma Aguante Popular Sembrando Resistencia

Frente Amplio Estudiantil, Bucaramanga

Colectivo EntreTejidos, Bucaramanga

Colectivo Sin Permiso

Frente Garrotero

Expreso Libertad

Colectivos de prisioneros políticos y de guerra de las Farc-Ep

Marcha Patriótica de Bogotá

Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, regional Bogotá

Círculo de Estudios Marxistas Alfonso Cano

Asociación Nuevo Agrupamiento Ana DC.

Pastoral Justicia y Libertad – Secretariado Nacional de Pastoral Social

Congresistas

Victoria Sandino Simanca

Omar de Jesús Restrepo 

Julián Gallo Cubillos

Luis Alberto Albán

Pablo Catatumbo Torres

Carlos Alberto Carreño

Griselda Lobo Silva

Jairo Reinaldo Cala

Aida Avella Esquivel

Ángela María Robledo

Alberto Castilla Salazar

Wilson Arias Castillo

Organizaciones y espacios Internacionales

Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia, Redher

Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza, Aragón

La Rioja, Aragón

Colectivo de Solidaridad por la Justicia y Dignidad de los Pueblos. Coliche, Aragón

COLECTIVO SUR CACARICA, Valencia

Intersindical Valenciana

CEDSALA (Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África), Asociación Cultural, Social y empresaria de  Hispanoamericanos en Valencia

Colombianos en exilio, Bruselas

Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Zaragoza (ALAZ), Aragón

Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia (CEAR-PV, CEDSALA, Colectivo Sur-Cacarica, Entre iguales Valencia, Intersindical Valenciana y Mundubat), 

CARRERS DEL MÓN (Ciudad de Elche, Alicante)

Comunidad de Santo Tomás de Aquino (Miembro de la Comisión Ética de Colombia), Madrid

Asociación de Solidaridad con Colombia Katio, ASOC-KATIO, Madrid

SOL de Paz Pachakuti, Asturias

Ceiba vieja, Suiza

Turpial, Suiza

Komite Internazionalistak, País Vasco-Euskadi

Red Latina Sin Fronteras

Movimiento M-26    

Juventud Guevarista 

Frente Obrero y revolucionario del Pueblo

Socorro Rojo y Negro 

Frente Femenino Popular Manuela León 

Movimiento Guevarista Tierra Y libertad 

Agencia Bolivariana de Prensa Ecuador

Liga argentina por los derechos humanos

Foro por la democracia y la libertad de lxs presxs políticxs de Argentina 

Campaña Internacional Simón Libertad, por la Repatriación y Libertad de Simón Trinidad

Centro de Derechos humanos Zeferino Ladrillero de México

Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (LIMEDDH); 

Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, A.C. Filial Oaxaca (LIMEDDH-Oax); 

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM FEDEFAM); 

Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos (RUMODH); 

Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM); 

Fundación Diego Lucero, A.C. (FDL); 

Foro Permanente de Mujeres Iztacalco, A.C. (FPM-I); 

Consejo Federal Ejecutivo Nacional e Internacional del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, A.C. (FREMEXDEHU); 

Asociación Nacional de Abogados Democráticos, A.C. (ANAD); 

Comité de Familiares de Personas Desaparecidas en México, Alzando Voces, (COFADDEM); 

Centro de Estudios para los Derechos Humanos y la Justicia Ambiental "YURENI", A.C. (CEPDHJA); 

Actuar Familiares contra la Tortura, (AFT); 

Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo, A.C. (CDH C-28 M); 

Centro de Derechos Humanos “Antonio Esteban”, A.C. (CDHAE); 

Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (ENVERO); 

Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, A.C. (FMDVD); 

Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas “Digna Ochoa”, (CDHBCDO); 

Red Solidaria Década contra la Impunidad, A.C. (RSDI); 

Centro de Derechos Humanos Ku'untik (CDHK); 

Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo (AMAP-Guerrero); 

Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Neza (AVNQVN); 

Comité de Defensa de Derechos Humanos “Cholollan” (CDHC); 

Mujeres Guerrerenses por la Democracia, A.C. (MGD); 

Aliadas por la Justicia, A.C. (AxJ); 

Desarrollo Humano Internacional, A.C. (DHI); 

Comunidad Raíz Zubia, A.C. (CRZ); 

Zihuame Xotlametzin, A.C. (ZX); de

Asociación Guerrerense Contra la Violencia Hacia las Mujeres, A.C. (AGCVIM, A.C.)

Agenda Colombia-Brasil 

Projet Accompagnement Solidarité Colombie 

Colectivo por la paz de Colombia en México, Colpaz

Partido Guevarista de Argentina

Juventud del Partido Guevarista de Argentina

Colectiva Antipatriarcal Brujas en Resistencia, Argentina

Movimiento Brazo Libertario, Argentina

Movimiento de Trabajadores en Lucha, Argentina

Convocatoria SEGUNDA INDEPENDENCIA, Argentina

Red Internacional de Solidaridad con Los Presos Políticos, INSPP

Defensores de derechos humanos, docentes, humanistas e internacionalistas

Pedro Tostado Sánchez (Sociólogo), Madrid

William López, defensor de derechos humanos de Valencia

María Salazar, defensor de derechos humanos de Valencia

Camila Grisalez, defensor de derechos humanos de Valencia

David Palmer, abogado, caravana internacional de juristas

Asociación Gremial de Abogadas y Abogados de la República Argentina

Imelda Daza Cotes, activista política 

Germán Roncancio Jiménez, revista CEPA 

Gloria Amparo Silva Tovar, Equipo Jurídico Pueblos

María Victoria Jaimes, Equipo Jurídico Pueblos

Lilia Solano, Politóloga, defensora de derechos humanos

Mateo Gutiérrez, expreso político

Jaime A. Parra Rodríguez, encargado de prisionerxs políticxs Farc

Liliany Obando, socióloga, defensora de derechos humanos, ex prisionera política

SEGUNDO PROGRAMA DE LA PALABRA JUSTA

📍 _*CONECTATE AHORA*_ AL NUEVO PROGRAMA DE *"LA PALABRA JUSTA"*

🕰️ A los *170 años de la muerte del General José de San Martín*, el docente universitario *Sergio Gamboa* nos relata la historia del prócer.

💊 Entrevista al referente *Leo Rosales* del Movimiento *Rebelión Popular Popular de Jujuy* quien habla sobre la *situación sanitaria de Jujuy* en pleno época de rebrotes y la falta de responsabilidad del gobierno provincial jujeño.

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LIBERTAD A MAURICIO !!!

 CHILE-DDHH

INFORMATIVO SOBRE LA AUDIENCIA DE MHN

Si bien la jueza constata y reconoce las graves vulneraciones a los derechos humanos de Maurício Hernandez Norambuena, ocasionadas por el régimen de aislamiento y las terribles condiciones carcelarias, estima que no se encuentra dentro de sus facultades trasladarlo de Sección, hacia la Sección de Alta Seguridad, potestad que sería exclusiva de Gendarmería.

Así las cosas, resuelve que Gendarmería debe habitar el piso de Mauricio, con, a lo menos, 3 internos más, que no tengan la calidad de "mozos".

Además, resuelve remitir los antecedentes del caso a la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema.

Respecto a la sanción disciplinaria, decide declararla improcedente, por lo que aquella ya no existe.

De lo resuelto, es de concluir que debemos redoblar la solidaridad y acción por Mauricio, ejerciendo presión sistemática sobre la institución que lo mantiene en estas condiciones: GENDARMERÍA DE CHILE.

FIN AL AISLAMIENTO A MAURICIO !!

LIBERTAD A RAMIRO !!

SEMINARIO DE MARXISMO EN COLOMBIA

 Este viernes arranca el Seminario Virtual: Marxismo en Colombia. Historia y problemas, con base en la Antología homónima publicada en 2019.

Imperdible clase inaugural: estará a cargo de Néstor Kohan, junto a Javier Calderón en la presentación del libro y de Diana López Cardona en la coordinación.

Viernes 28 de Agosto, 13:00hs Argentina, 11:00hs Colombia. 

Este Seminario está organizado por el Grupo de Pensamiento Crítico Colombiano, el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe IEALC-UBA, y la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia.

Formulario de inscripción: https://forms.gle/hx2QoBeuJFQ8YbEe7 

Consultas: pensandoencolombia.arg@gmail.com

EL NEGRO EN LIBERTAD, LA LUCHA SIGUE !!!

 Desde La Palabra Justa reproducimos el comunicado que saca el compañero y abogado Negro Soares luego de pasar varias horas detenido , una vez mas los abogados de la clase trabajadora y el pueblo pagan con represión el honor de defender las causas nobles. Con el Negro en Libertad La Lucha Sigue !!!

POR MI DETENCIÓN EN FLORENCIO VARELA, MI AGRADECIMIENTO ILIMITADO. Y UN RELATO DE LOS HECHOS A QUIENES PUEDA INTERESARLES.

 Por el Negro Soares.

https://gremialdeabogados.org/?p=2782

El martes 25/8 a la madrugada se comunican con nosotros, la Gremial de Abogados y Abogadas un grupo de gente que estaba ocupando un predio en el Barrio Pico de Oro en Varela.

No conocíamos a nadie.

Nos cuentan que ya habían ocupado el lugar, y que la Municipalidad les prometió contemplar su situación con la condición de que desalojen.

Lo hicieron y los dejaron tirados.

Fuimos a Varela con Rosario y dejamos a Laura de guardia.

Llegamos y vimos un importante cerco policial.

Hablamos con el Comisario Inspector Rodríguez quien me dijo que procedería al Desalojo por el delito de “Tentativa de Usurpación”.

Le requerí orden judicial y  refirió no tenerla y que “cumplía órdenes”.

Le explique que la usurpación ya se había concretado porque esas de familias estaban en el predio, que por tanto al ser un delito de accionar privado debía exhibirse el título del denunciante.

“debe estar en algún lado, vaya a la Fiscalía”, me dijo.

Se negó a darnos datos de la causa.

Le explicamos con Rosario que hay un protocolo de la Corte para accionar en usurpaciones que indica notificar a la Secretaria de DDHH, al Servicio local de Niñez y además debe establecerse los imputados una Mesa de Diálogo.

Debe la Fiscalía citarlos a leerles los derechos y notificarles la imputación.

“Comisario Ud. desconoce si esta gente posee escrituras o boletos” le dije.

“que van a tener estos??!!” me contestó.

Tuvimos una discusión porque le pedimos entrevistarnos con nuestros asistido porque además no los conocíamos.

Lo quiso impedir, con lo cual saltamos unas zanjas y nos medimos igual.

Nos encontramos con hombres y mujeres jóvenes con bastante nivel de conciencia y dispuestos a no irse del lugar.

Me comunique con funcionarios de Nación y de Provincia explicando la situación.

Avanzamos con la Provincia en ver si se determinaba una Mesa de Diálogo (también prescripto por la Ley) y pedí que en esa mesa estuvieran los supuestos dueños con sus títulos.

Idas y vueltas y finalmente me reconocieron que el problema no eran los títulos (inexistentes) sino el interés concreto de la Intendencia en esos terrenos.

Me dijeron “Negro, vos sabés como es esto, la cuestión no es Jurídica, la Intendencia dice que sin abandono del inmueble no hay diálogo”.

Les explicamos que (en teoría) la Intendencia no es parte y que las imposiciones debe hacerlas un juez, o un fiscal.

Fuimos a hablar nuevamente con los jefes del operativo y nos ignoraron.

Dispusieron a la infantería para atacar.

A mi edad entre lo poco que tengo, está mi credibilidad, y predicar toda la vida con el ejemplo.

No sé si ese supuesto valor significa mucho hoy día, pero es lo único que poseo.

Esa gente no nos conocía pero confiaban en nosotros y para mantener esa confianza no hay otra que pagar el costo que hubiera que pagar.

Informé a mis cros de la Gremial que me quedaría con la gente.

Y también informé a los funcionarios de la Provincia de Buenos Aires lo mismo.

Decidí quedarme con la gente y que Rosario pueda registrar todo desde más afuera.  Le entregué mi celular y todo lo que tenía a ella.

Discutimos varias veces con Rosario porque se acercaba cuando ya avanzaba la infantería.

Hablé con los jóvenes dirigentes de la Toma y les explique que sería difícil aguantar la embestida de la Infantería con semejante aparato.

Les dije que no es ninguna vergüenza retroceder y preservarse para volver más adelante.

Parecieron entenderlo porque se dispuso la gente más para retroceder que para resistir.  Eso en gran medida evitó más detenciones.

Pero ya era tarde para todo, porque atacaron.

Pudimos sacar de las manos policiales a varias mujeres y en medio de todo eso ordenar como se pudo la retirada de muchos.

En ese revoleo me cayeron 3 o 4 tipos y me detuvieron.

Lo más interesante es que mis colegas llegaron al Juez y este negó conocimiento de los hechos ni haber dado orden de detención.

El Acta que nos labraron fue de una especie de contravención.

Todo se tapó de inmediato. No hay actuaciones judiciales como no sea una simple notificación a los 13 detenidos.

Y por supuesto, lo que una vez más queda claro es que en municipios como Varela o Guernica son feudos y las policías responden a esos Señores Feudales o a los dirigentes PJ del lugar.

Es lo que es.

Podrán criticarnos por esto, pero es así.

En Varela, esas tierras eran de interés de la Intendencia. Y un intendente manda más que un juez.

Y es lógico, porque la habilitación a los altos jefes policiales de un distrito, para prostitución, drogas, explotación laboral, etc la produce un intendente, no un juez.

Ni siquiera un ministro.

De manera que la policía reventar a a palos a quien el intendente le diga.

Aunque el juez lo desconozca.

Una vez más se verifica lo que la Gremial no se casará de plantear: pedir justicia en un Estado injusto es una utopía.

Eso no existe.

Organizarse y luchar por un estado con Justicia quizás tenga menores costos que el alto precio que todos los días se paga por Gatillo Fácil, muertes de jóvenes en las cárceles o Causas Armadas.

Por mi parte no dudaré en volver a hacer lo que hice, una y otra vez.

La coherencia es algo tangible, no teórico, y se demuestra con el ejemplo. Yo al menos, no conozco otra forma.

En el caso de la Gremial o de mi rol como presidente de la misma, siempre estaremos a disposición de quien tienda mesas de Diálogo y jamás nos negaremos a sentarnos a intentar evitar mayores sufrimiento a nuestro Pueblo.

Pero cuando hay lucha, siempre estaremos del lado de los agredidos, de los explotados, de los perseguidos, cualquiera sea la forma de pelea que elijan.

Mi agradecimiento a todos y todas, las muchísimas organizaciones y los muchísimos compañeros y compañeras es inmenso.

Sé cuanto se preocuparon por mí y por la Gremial, estoy maravillado y en deuda con todos.

Un abrazo interminable.

El Negro Soares

Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina

LIBERTAD AL NEGRO SOARES !!!

 

Urgente.. en Florencio Varela. Se llevaron preso al Negro Soares por resistir junto a la gente. Se lo llevaron a la primera de Varela.

CADA UNO EN SU LUGAR

El Negro Soares, además de ser el presidente de nuestra Asociación Gremial de Abogados y Abogadas, es un militante de cuya trayectoria y consecuencia no hace falta hablar.

Como militante de nuestra Gremial ha puesto el cuerpo una y otra vez en las luchas populares reprimidas y en defensa de luchadores sociales y políticos y de víctimas de las políticas económicas, sociales y represivas de los distintos gobiernos.

Poniendo el cuerpo; como enseña y practica. Así milita la abogacía un abogado popular.

Ahora, una vez más, la represión estatal lo captura, en Florencio Varela, en el marco de una toma de tierras para vivienda de los más desposeídos.

Cada uno sabe el lugar que ocupa en esta historia. El Negro lo sabe, la Gremial lo sabe. Los funcionarios estatales lo saben. El ex presidente Duhalde lo sabe.

Cada uno asuma su responsabilidad. El Negro hace más de 50 años que la asumió; y sigue siendo la misma. Los represores asuman la suya.

INTENTO DE DESALOJO EN FLORENCIO VARELA

 DESDE LA GREMIAL DENUNCIAMOS QUE ESTAMOS EN LA OCUPACIÓN DE TIERRAS EN FLORENCIO VARELA RODEADOS DE POLICÍAS DISPUESTOS A REPRIMIR.

ES EN EL BARRIO PICO DE ORO DE FLORENCIO VARELA. 

LES ESTAMOS ADVIRTIENDO A LOS JEFES POLICIALES QUE DEBEN CUMPLIR CON LOS PROTOCOLOS DE LA CORTE BONAERENSE Y DEBEN EVITAR REPRIMIR

Cuando decimos que no existen los derechos es porque no hay derechos.

Aunque no nos guste esa es la realidad de hoy día. 

La Corte Bonaerense ha establecido un protocolo para el caso de ocupaciones de tierras.

Eso implica que el Fiscal debe instruir un sumario y el Juez debe notificar a la Secretaria de DDHH y a los Servicios locales de Niñez.

Nada de esto es considerado ahora por el comandante de las fuerzas bonaerenses dispuestas a reprimir en el Barrio "Pico de Oro" de Florencio Varela. 

Sólo los abogados de la Gremial nos estamos interponiendo entre la Infantería bonaerense y las decenas de familias pobres de toda pobreza.

Los abogados de la Gremial nos opondrenos en el lugar a cualquier situación de hecho y armada que produzcan.

COMUNICADO DE MUJERES INDIGENAS AREDETE

 COMUNICADO

La Organización de Mujeres Indígenas AREDETE quiere denunciar públicamente el constante avasallamiento de los derechos de comunidades indígenas de Tartagal. Alertadas por los recientes episodios de violencia, intimidación y amenazas que perturban nuestro derecho a vivir con tranquilidad así como nuestros derechos a la tierra y territorio, a la identidad, a vivir conforme a nuestras pautas culturales y formas ancestrales, a gozas de nuestros recursos naturales y a que se respeten nuestras instituciones.

El acelerado incremento de casos positivos de coronavirus en Tartagal nos mantiene en estado de alerta. La gravedad de la situación pone en riesgo particularmente a las comunidades originarias quienes históricamente padecemos las desigualdades del sistema de salud. Es preocupante el avance de la pandemia en nuestros territorios, puesto que nuestras condiciones de vida son precarias. Muchas familias originarias se enfrentan cotidianamente a dificultades para alimentarse, para acceder al agua, a la falta de trabajo y a la discriminación. Por todo ello manifestamos nuestra preocupación ante las consecuencias que puede generar la llegada del virus a nuestras poblaciones, y solicitamos a las autoridades las medidas e intervenciones necesarias para cuidar la salud colectiva. 

Recordamos que nuestra constitucional nacional reconoce desde el año 1994 "la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos", "la propiedad y posesión comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan" y “la participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten”. Nuestros derechos colectivos se encuentran también ampliamente reconocidos en instrumentos internacionales de derechos humanos, como el Convenio 169 de la O.I.T.–ratificado por Ley Nº 24.071-, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y de la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Recientemente la argentina fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violar los derechos humanos de las comunidades indígenas nucleadas bajo la Asociación Lhaka Honhat de Salta. Ese tribunal internacional consideró que el Estado violó el derecho a la propiedad comunitaria al no haber titulado y mensurado las tierras comunitarias, así como también el derecho a la identidad cultural, a vivir en un medio ambiente sano, a la alimentación y al agua de estas comunidades como resultado de las injerencias y depredaciones territoriales que el Estado toleró y permitió. Entre otras medidas el Estado fue condenado a dar seguridad jurídica al derecho humano de propiedad comunitaria indígena. 

En este contexto nos parece inadmisible el recrudecimiento de la violencia hacia varias comunidades indígenas de Tartagal y que denunciamos tiene por objeto el despojo de sus territorios, la depredación, la apropiación de sus recursos naturales y el desconocimiento de nuestros pueblos como identidades distintivas, con derecho a mantenerlas y a definir prioridades de desarrollo

• El 20-06-2020, mientras se festejaba el día del padre, la comunidad Imakta Necke Wichi fue amenazada por la policía de que ese mismo día serían desalojados a las 18:00 horas. Ninguna orden de desalojo fue exhibida y pese a los pedidos nunca pudimos saber si la misma existía, tratándose así de un proceder ilegitimo de violencia institucional policial,

• La Comunidad Originaria Territorios Wichi desde hace años viene sufriendo ingreso de ganado, tala de árboles y alambrado de su territorio, teniendo que soportar todo tipo de amenazas y amedrentamientos por defender su tierra. Hace poco se obtuvo una medida cautelar que impide la realización de dichas actividades lo que esperamos tenga efecto y comprometa a las autoridades a cumplir con su obligación de impedir las injerencias en territorios indígenas, las que como dijo la CIDH impiden el desarrollo de nuestro modo de vida tradicional.

• La comunidad Las Palmeras ha sufrido varios intentos de desalojo….

• El 20/07/2020 las comunidades del Pueblo Weenhayek Kyelhyuktaj (El Quebracho) y O Ka Pukie (La Troja), ubicadas en el kilómetro 5 de la ruta nacional 86, recibieron amenazas por parte de dependientes de la titular registral, María Monserrat, de que iban a ser desalojados. Denunciamos este actuar ilegitimo que no sólo amedrenta e impide a las 60 familias vivir en seguridad y dignidad, sino que desconoce su posesión y propiedad comunitaria, la cual fue relevada y declarada como tal por resolución administrativa del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas estando los desalojos suspendidos por Ley Nº 26.160. 

• Nuestra compañera antropóloga Leda Kantor sufrió amenazas por parte de un cacique. Este hecho, que atenta contra su integridad personal, fue denunciado ante las oficinas de violencia de género, debido a que se cometió en un contexto de amedrentamiento e intimidación contra su condición de mujer activista. Este tipo de actos tienen como objetivo restringir la libertad de expresión y acción de personas que acompañan nuestras luchas desde hace más de 20 años. Exigimos la urgente protección de los derechos humanos de nuestra compañera. 

Nos declaramos así en estado de emergencia en nuestros derechos haciendo un llamado a velar por el cumplimiento de los mismos. Solicitamos a las autoridades tomen las medidas necesarias para evitar la continuidad de estos episodios, las que en este contexto de aislamiento recrudecen nuestra histórica situación de postergación. 

Organización de Mujeres Indígenas ARETEDE

Radio Comunitaria La Voz Indígena.

Para entrevistas comunicarse al 3873573891

PENSANDO EN EL 22 DE AGOSTO DE TRELEW

 

Las hojas de aquel agosto se mueven de aquí para allá

como si la mano del pasado todavía temblara...

¿ Que fue de la gloria que alumbró  los frentes celestes 

en la fuga de la cárcel de Rawson / a pura conciencia?

¿ Que de los fusilados en la base Naval de Trelew,

pagando con sangre hasta el hartazgo la victoria

de la libertad que puso ser y no fue ?

¿ Habrá respuesta en nuestras palabras, en los actos

de quien no entrega la belleza de la vida ?

La memoria le gana la eterna disputa

al cementerio del olvido...

Ellos están con nosotros y las estrellas relucen...

Lejanas, muy lejanas, pero relucen...

Vicente Zito Lema. 22 de Agosto de1972-2020

A 48 AÑOS DE LA MASACRE DE TRELEW

JACOBO MANSILLA

 

“...porque el que murió peleando

vive en cada compañero...” 

Jose Guerra “Milonga del fusilado

Ante un nuevo aniversario del hecho deTrelew, presentamos unas notas de explicación y análisis sobre el episodio y el proceso político el de los años 60 y 70, periodo signado por una resonancia política incesante, con claves para repensar una estrategia revolucionaria en la Argentina actual.

Ideando la fuga

El 15 de agosto de 1972, en el sur del continente, en la Patagonia Rebelde, se llevo a cabo una operación militar de fuga colectiva en el penal de máxima seguridad de Rawson. La cárcel de Rawson se encuentra ubicada en un lugar geográfico, caracterizado por el aislamiento y sin contacto cercano. Ubicada a 1.500 km de Bs As, a 70 km de Puerto Madryn y hacia el sur a una distancia de Comodoro Rivadavia de 400 km. La base estaba rodeada por una dotación fuerzas represivas: la existencia aeronaval Almirante Zar, la presencia de fuerzas del ejercito, la policía Federal, la Gendarmeria, la prefectura, un destacamento naval en Puerto Madryn, ademas de la policía provincial en todas las ciudades. La cárcel tenia 8 pabellones. Dos de ellos estaban ocupados por 51 detenidos por causa de delitos comunes y los seis restantes, por de 275 presos políticos, pertenecientes a varias organizaciones revolucionarias, progresistas, dirigentes estudiantiles y sindicales combativos, entre ellos estaba el respetado dirigente sindical y vector de unidad de las fuerzas del bando del pueblo, el “Gringo” Agustín Tosco. 

Una parte sustancial de los presos se auto consideraban “prisioneros de guerra” constituyendo un centro de actividades cotidianas, continuando su practica de “revolucionarios profesionales”, signados por la profundización del estudio político-ideológico, exigían mejores condiciones de vida en el penal y la organización por pabellón, donde el criterio no era el de la pertenencia organizativa. La cárcel era una verdadera “escuela de cuadros”. 

La existencia del plan de fuga no era desconocida por los carceleros y los militares, pero sus servicios fueron superados por la capacidad e inventiva de los dirigentes, cuadros medios y militantes.

Hubo varios planes de fuga. El primero contemplaba la salida por tierra por los dirigentes, por la imposibilidad de salir masivamente, por lo desértico y el aislamiento de la zona. Otro fue el cavado de “tatuceras” (pozos en la tierra para esconderse), pero era un plan inviable, por la posibilidad logística de esconder mas de 100 personas. Se compro un avión a un mafioso, pero no se concreto por la facilidad de ser detectado y la posibilidad de un ataque seguro por la fuerza naval, también se comenzó a excavar un túnel al interior del penal, pero la tierra era muy tosca, se llenaba de agua y no había manera de sostenerlos. El túnel, recién seria descubierto en 1977 en una requisa del penal.

Todos los planes contemplados, presentaban desde los inicios, el problema logístico de la retirada. Se podría salir del penal si, pero el problema era una vez afuera, era como efectivamente escaparse, la situación no era nada fácil. Se decidió pasar al plan de la “economía de fuerzas” y a un escape colectivo. La clave de la fuga, fue un principio guerrillero, la sorpresa, la precisión logística y la rapidez, para generar un movimiento inesperado. Los militares pensaban que todos los planes de fuga viables, contemplaban la posibilidad real de un ataque desde el exterior, como venia sucediendo en otros rescates. Los profesionales de la guerra analizaban la situación, con lo que venia sucediendo en otros casos previos, no así las posibles novedades...

La fuga del penal, fue diseñada desde adentro y contaba con la colaboración y solidaridad desde el exterior, por parte de la militancia política y de la solidaridad activa de la población local, que organizo la comisión de solidaridad con los presos.

Al interior de la cárcel se organizaron en tres comandos organizativos, con un “comité central” . El primero estaba integrado por 6 miembros de las jefaturas de las organizaciones: el jefe, naturalmente fue Roberto Santucho, secundado por Gorriaran Merlo y Domingo Menna por parte del PRT-ERP, Marcos Osatinsky y Roberto Quieto por parte de los marxistas-peronistas de FAR y por los peronistas revolucionarios de Montoneros, Fernando Vaca Narvaja, que si bien no participaron activamente como organización, le dieron libertad de acción a sus cuadros y militantes. El segundo grupo, estaba compuesto por 19 personas, que salieron de la cárcel, pero se quedaron en el aeropuerto, al mando de Mariano Pujadas, Ruben Bonet y Maria Antonia Berger. El tercero era el mas numeroso, con 115 combatientes, que no pudieron salir, quedándose dentro del penal, con la jefatura a cargo del Nono Ortolani. Se contaba con la colaboración, no solo por dinero, del guardia cárcel Carmelo Farzio, que facilito la entrada de trajes militares y armas.

Durante la planificación, se fue construyendo un mapa de las instalaciones, el personal y los tiempos. Se estudio la rutina de los guardias, se confeccionaron varios planos, la medición de todos los espacios, se calculo la distancia en tiempo entre los pabellones, la fabricación de gorras similar a los del servicio penitenciario por las mujeres, como también confección de puntas, armas de jabón y maderas, etc. 

Para que la fuga fuera posible, se debía reducir a la guardia interna de 25 hombres distribuidos por 4 pabellones, luego la externa de 30 y no alertar a los 80 que estaban en el exterior.

Desde el exterior tendrían un apoyo logístico, Jorge Marcos por el PRT-ERP, Cacho Lewinger y Florencio Tancoff por las FAR y Capuano Martinez por Montoneros. Este grupo exterior se subdivieron en tres grupos operativos. Por un lado, el grupo de traslado, encargados de entrar al Penal recoger a los presos y dirigirlos al Aeropuerto, Goldenberg, Lewinger y Gonzalo Tanganica. Por otro lado, estaba el grupo perteneciente al Aeropuerto, donde estaba Jorge Marcos y la Petisa Ana Wiesen y otro compañero de FAR y que se encontraba localizado a solo 300 metros de la base Amirante Zar y finalmente, el tercer grupo integrado por Fernandez Palmeiro, Alejandro Ferre, que venían en el avión de la empresa comercial Austral, desde Comodoro Rivadavia y su objetivo era garantizar que el avión no se fuera. La cuestión de la coordinación era compleja y ademas no contaban con un aparato de comunicación fluida desde el interior con el exterior. 

Operación Masacre

La operación de fuga fue casi perfecta, con una sincronizacion verdaderamente asombrosa, en menos de 14 minutos, lograron tomar la totalidad del penal. El primer grupo interno, el Comando Unificado, lograron reducir a los efectivos de la guardia, liberaron el pabellón de las mujeres y pudieron salir del penal. Cuando están afuera, toman nota que algo no salio bien porque no están todos los transportes previstos, se encontraba solamente el auto Ford, manejado por Carlos Goldenberg. Luego de una ronda enderedor del penal para ver si encontraban el resto de los trasnportes, se dirigen hacia el Aeropuerto, logran tomar el avión, dirigiéndose a Chile,  donde gobernaba la Unión Popular,  fueron recibidos por el gobierno de Salvador Allende y producto de la presión de las movilizaciones encabezadas por el MIR, les facilitan un salvoconducto y días después se trasladaron a Cuba que era el plan a, el b era Argelia. En la isla caribeña, fueron recibidos por el pueblo y su conductor, el comandante Fidel Castro.

El segundo grupo de 19 combatientes, una vez liberado, comienzan con el copamiento de la enfermería, la cocina, la capilla y continua la reducción de los custodios, con una escaramuza, en donde cae muerto un guardiacarcel y otro herido en las torres de control. Cuando asoman al exterior del penal, se dan cuenta que no se encuentran los camiones de transportes, logran transportarse por una flota de tres taxis camino al aeropuerto y por minutos, no llegaron a realizar el abordaje del avión. El plan previo, contemplaba el abordaje de un segundo avión que arribaría a la pista, pero se tuvo un error de subestimacion. Las fuerzas castrenses, al tomar nota de la operación, se comunican con el avión en vuelo, advirtiendo que no aterrice en la pista. Ante el cuadro de la situación,  deciden tomar la base aérea y luego negociar una rendición (la foto histórica de Emilser Pereira, donde se observa a los combatientes mirando de frente) con el Capitán Luis Sosa y las autoridades, pidiendo la presencia de un juez, Alejandro Godoy, de periodistas locales y un medico para garantizar la integridad física de todos, con el acuerdo de llevarlos al Penal. Llevan a cabo una conferencia de prensa, que se convierte en un acto político y de denuncia al régimen militar, como lo retrata Raymundo Gleyzer en el documental sobre el episodio “Ni olvido, ni perdón. La masacre de Trelew”.

La disciplina,  tranquilidad y la moralidad en una situación candente, era el  temple de hombres y mujeres, forjados al calor de la lucha de clases, como cuadros políticos del bando popular. Mariano Pujadas (Montoneros), durante la conferencia de prensa organizada en la base, remarca el proceso de unidad de las fuerzas revolucionarias, Pedro Bonet (PRT-ERP), retoma la linea de unidad y denuncia el uso de la tortura abierta contra la militancia. Los puntos del acuerdo sobre la rendición no fueron respetados y fueron trasladados a la base naval Almirante Zar. 

Mientras sucedían estos hechos, el tercer grupo que se quedo al interior del penal, deciden tomarlo durante horas tensas, para darle tiempo de fuga al resto, organizando barricadas y pidiendo también la presencia de la prensa, juez y médicos, con el mismo objetivo de salvaguardar sus vidas, a cambio de entregar las instalaciones del penal de máxima seguridad.

Los presos trasladados en la Base Naval, estuvieron incomunicados de los familiares y de los abogados, Mario Amaya e Hipolito Solari Yrigoyen, que estando en el lugar no se podían acercar a la base. El resto de los abogados, Ortega Peña, Eduardo Luis Duhalde, Carlos Gonzalez, Rodolfo Matarollo y Pedro Galan, ni siquiera pudieron acercarse a la ciudad, declarada como estado de emergencia, completamente tomada por las fuerzas del aparato represivo del Estado.

¿Cuales fueron los errores centrales de la operación?. Se balanceo posteriormente por los protagonistas que pudieron sobrevivir, que el grupo exterior no estaba convencido plenamente del éxito de la operación, consideraban que era una acción aventurera, a diferencia de la decisión mayoritaria de los combatientes internos, cargados de fuerza moral, con una clara convicción, hasta casi temeraria.

Durante la madrugada del 21 de agosto, el grupo de 19 compañeros es vilmente fusilado a sangre fría, en el pasillo de las celdas de la base de la Marina e incluso algunos rematados. Tres fueron los sobrevivientes del “modus operandi”, Alberto Camps, Maria Antonia Berger y Ricardo Haidar, que contaron la historia detalladamente, el 24 de mayo de 1973 en la cárcel de Devoto, al periodista y poeta combatiente Paco Urondo, preso político también como ellos, en el libro “La patria fusilada”. Los que apretaron los gatillos fueron: Capitán Sosa, Capitán Herrera, tenientes Roberto Bravo y Emilio del Real y el cabo primero, Carlos Marandino. El mas “democrático” de los fuerzas militares, Agustin Lanusse, fue el autor politico. El gobierno asimismo tensiono la cuerda con la diplomacia chilena para que sean extraditados el grupo de los 6 dirigentes fugados, a través del brigadier Mc Loughlin. 

La versión oficial sobre los hechos, fue echada a rodar por el jefe del Estado Mayor Conjunto, Hermes Quijada, en nombre de la junta de Comandantes, planteando que se había tratado de un nuevo intento de fuga, simulando un enfrentamiento. Para evitar la difusión publica del relato de los sobrevivientes, se agrego el articulo 212 al código penal, que se penaba con prisión.

La fuga debe ser interpretada como una clara expresión de un “clima de época” del mundo, la región y el país con su propia impronta, con fortalezas y debilidades. Significo políticamente, un golpe a la Dictadura que gobernaba el país desde 1966, con variaciones inestables en el elenco (Ongania, Levingston y Lanusse) y la respuesta-ataque de esta, fue el aniquilamiento físico de una camada de cuadros políticos de varios destacamentos revolucionarios y a los militares no les “tembló el pulso” ante el desafió.

La guerra como continuidad de la política.

“…comenzando por las relaciones de fuerzas internacionales (donde se ubicarían las notas escritas sobre lo que es una gran potencia, sobre los agrupamientos de Estados en sistemas hegemónicos y, por consiguiente, sobre el concepto de independencia y soberanía en lo que respecta a las potencias medianas y pequeñas) para pasar a las relaciones objetivas sociales, o sea el grado de las fuerzas productivas, a las relaciones de fuerza política y de partido (sistemas hegemónicos al interior del estado) y a las relaciones políticas inmediatas (o sea potencialmente militares)…”  Antonio Gramsci.  

La inestabilidad política y social en los centros capitalistas y en lo que por entonces se denominaba “tercer mundo” era el denominador común en la época de los años 60 y principios de los 70 ,con una intensidad mas profunda en el “tercer anillo del mundo”. 

La Revolución Cubana marcara un punto de inflexión en América, marcara a fuego la segunda mitad del siglo XX. La isla inicio una transformación social en plena guerra Fría, rompiendo el esquema de alineamiento con EEUU, trayendo una enorme repercusión política en todo el continente. 

En las “periferias” de Asia y África arrecio una nueva ola de luchas anticoloniales, procesos revolucionarios y guerras abiertas con potencias mundiales-algunos procesos devinieron en socialistas-, lo que alentó a movimientos de liberación en el Cercano Oriente y en la misma Europa (vascos, irlandeses, kurdos, etc.). 

A partir de los hechos de masas contra el régimen de la dictadura militar de Ongania y sus sucesores castrenses, conocidos popularmente como “azos”, Cordobazo, Rosariazo, Cipoletazo, Correntinazo y el segundo cordobazo, Viborazo, se desarrollan y extienden a lo largo y ancho del pais, luchas que durante su desenvolvimiento van adquiriendo un carácter antimperialista y anti-capitalista, integradas mayoritariamente por la clase obrera, el movimiento estudiantil y el “pueblo”,  contra el enemigo principal, la dictadura. En estos hechos aparecerán públicamente las organizaciones armadas, produciendo hechos armados, en este clima de ofensiva popular, moviéndose como “peces en el agua”, pero la burguesía y sus cuadros armados no se quedarían, lógicamente de brazos cruzados.

En estas luchas los escenarios principales de disputa pasaban por las calles, donde las masas expresan su predisposición a la confrontación contra el régimen político, en un clima insurreccional. De esta manera, comienza a tomar forma, una fuerza social política (todavía en germen) que desplegara una ofensiva contra el orden de legitimidad construido por la clase dominante, poniendo a la orden del día la disputa por la iniciativa política y militar.

En este contexto, frente a una situación que desbordaba los limbos del control de la burguesía, la estrategia de los sectores ilustrados sera, la defensa estratégica, en palabras de Mao. Dicha estrategia consistía, por un lado, en reconstruir la legitimidad violentada y encausar los conflictos hacia la institucionalidad, fundamentalmente con el GAN (Gran Acuerdo Nacional) anunciado en septiembre de 1971 y por otro, la parte fundamental, sera librar una guerra irregular para comenzar a aniquilar a los destacamentos revolucionarios.

Estos movimientos del ajedrez político se complementaran en la elaboración de métodos legales e ilegales para cumplir su objetivo. El decreto de ley 19.801, sera la herramienta jurídica para llevar a cabo los asesinatos políticos, combinándolo con el aumento de elementos del lumpenproletariado en los organismos de inteligencia, con el objetivo de aumentar el espionaje político en todos los ámbitos de la sociedad. Como expreso el Sociólogo, Juan Carlos Marin, la acumulación originaria del genocidio, en parte sustancial, los “desaparecidos” comenzó a tejerse la trama en estos momentos. 

Durante este periodo la lucha de clases y las luchas sociales se agudizaron notablemente y la vinculación de las organizaciones con las masas y la fuga de Trelew se inserta en este proceso. Esta situación contribuyo a generar las condiciones para un proceso de unidad en el accionar , que demostraba la debilidad de la dictadura militar y expresaba el germen de partido y el ejercito de la revolución por la liberación nacional y social y la coordinación en Trelew, lo dejo planteado, blanco sobre negro.

El traslado de los presos políticos hacia el sur del país, tenia como objetivo aislar a los cuadros políticos mas destacados, separando de las bases sociales en la cual se encontraban insertos cada uno de ellos. Las condiciones del “desierto” sin embargo, no impidió la invención de la organización del escape.

La masacre de Trelew, ademas tuvo la puesta política de hacer una divisoria de aguas en las fuerzas populares, entre quienes se sumaban a la reglas del juego del GAN y los que persistían en una postura revolucionaria. 

Otra significación fundamental, consistió en avizorar el ensayo general de un procedimiento político militar por el elenco del estado, en la practica sistemática de crímenes y torturas que practicarían la Triple A y la fuerza social contrarrevolucionaria en el gobierno y deslegado con toda su intensidad a partir de marzo de 1976. Ademas era la expresión de un aprendizaje de la burguesía mundial asociada a la local y mamada por el ejercito Argentino, de las usinas franceses y norteamericanas de las experiencias guerrilleras e insurrecionales (Vietnam, Argelia, el Che en Bolivia, etc).

¿Se podía ganar? 

"...Se habla de capitanes sin Ejercito, pero en realidad es mas fácil formar un Ejercito que formar capitanes. Tan es así que un ejercito ya existente seria destruido si les llegases a faltar los capitanes, mientras que la existencia de un grupo de capitanes, acordes entre si, con fines comunes, no tarda de formar un Ejercito aun donde no existe..."  Antonio Gramsci 

Analizar los motivos de la derrota, es un punto de partida ineludible, para quienes se dedican al estudio del periodo, pero sobre cobra relevancia fundamental para  quienes nos ubicamos como continuadores en el camino iniciado en aquellos años.  

Por un lado, ademas de saber el final con antelación de la película, en la cual, la contrarrevolución abierta desde entonces en la Argentina, derroto a las diversas estrategias populares: la “lucha armada” en sus diversas manifestaciones, a la linea “insurrecionalista” y también a la “vía pacifica”; por otro,  el bando del pueblo quedo a mitad de camino en el despliegue de una síntesis superadora, en la lucha de clases abierta, el vació político unitario “falto a la cita”, sino quizás la historia hubiera sido otra.

La operación de Trelew, fue una de las acciones mas osadas en la historia de la guerrilla Argentina. El lema compartido por todos los presos políticos y sociales era la construcción del “hombre nuevo”, durante todos los días levantarse y decir “hoy voy a ser un poquito mejor que ayer”. La situación de encierro y aislamiento, fue contrarrestado por la iniciativa política de unidad en la diversidad, de militantes sociales, capitanes, oficiales y soldados del pueblo, que no se continuo puertas afuera. Expreso la unidad revolucionaria necesaria contra el sectarismo, que no se mantuvo en el tiempo y no trascendió lo episodico y aun llegaba tarde, el 19 de julio de 1976, con el intento de creación de la OLA (Organización para la Liberación Argentina).

La puesta en marcha del GAN (Gran Acuerdo Nacional), cumplió su objetivo estratégico, en el juego político-militar a dos bandas, reconstruyo la hegemonía perdida de la clase dominante. Por un lado, logro meter la cuña en el seno de las organizaciones revolucionarias, que dividieron sus tácticas frente a la fuga masiva, ante el escenario electoral y por consiguiente a la concentración de fuerzas en la disputa; los Montoneros apuestan a al salida democrática, bajo la conducción de Peron, el PRT-ERP tendrá una posición de ataque al gobierno y una propuesta electoral fallida en la candidatura entre Tosco y Armando Jaime y el PC, apostando a una salida democrática con el ENA (Encuentro Nacional de Argentinos) y por otro el plan de la contra, logro “poner en caja” nuevamente la situación política, se impuso en el centro político del debate el proceso electoral, convocando nuevamente a los Partidos Políticos y la institucionalidad de los atributos estatales, consolidando la “farsa electoral”. Como plantean algunos intelectuales marxistas ( L.Rozitchner) y leninistas (Bonavena/ Nievas), cuando el centro del debate es la democracia contra el ascenso de masas, la democracia funciona como una verdadera “vacuna contra la Revolución”.  A partir de entonces la burguesía comenzaba a aliviar sus pesadillas políticas, poco tiempo después directamente,“dormirían tranquilos”, perdurando su sueño aliviando hasta la actualidad.

La falta de unidad estratégica de las fuerzas político-militares fue el “talón de Aquiles”, que explica en parte, la derrota que se comenzaba a transitar, a partir de entonces. Como plantea Gramsci, la lucha se comenzaba a encarrilar en la etapa de la confrontación bajo el aspecto político, técnico-militar, con claras ventajas, en manos de las fuerzas estatales, mientras que el bando del pueblo, en cambio no desarrollo el “Estado Mayor Conjunto Popular” y menos aun, una coordinación estratégica regional, mas tarde llegaría con la JCR (Junta Coordinadora Revolucionaria, pero no fue suficiente) para enfrentar la guerra civil declarada al bando del pueblo a partir del bombardeo de la plaza de mayo en 1955.

La fuerza de voluntad demostrada por diversas fracciones de clases y su entrega a la causa revolucionaria, es la mejor enseñanza que nos dejaron las generaciones de los compañeros de los 60 y 70 y mas allá de aciertos y errores, supieron hacer de la rebeldía una organización consciente para la transformación social y política de nuestro país. Nuestro mayor homenaje a los compañeros caídos es seguir organizadose y seguir peleando para construir la sociedad que soñaron y por la que lucharon, el necesario Socialismo.

Los Compañeros fusilados el 22 de agosto de 1972 fueron: Alejandro Ulloa, Maria Delfino, Miguel Polit, Pedro Bonet, Ana Villareal de Santucho, Clarisa Lea Place, Eduardo Capello, Humberto Suarez, Humberto Toschi, Jose Mena, Susana Lesgart, Maria Sabelli, Mariano Pujadas, Alfredo Khon y Carlos Astudillo. Los sobrevientes fueron: Alberto Camps, Maria Antonia Berger y Ricardo Haidar.

Bibliografia

Juan Carlos Marin Los hechos armados. Un ejercicio posible. CICSO. 1984. 

VVAA  Origenes y desarrollo de la guerra civil en la Argentina 1966-1976. Editorial Edudeba. 

Daniel de Santis  La historia del PRT por sus protagonistas. A formar filas

Eduardo Sartelli, Stella Grenat y Rosana López RodríguezTrelew, el informe. Arte, ciencia y lucha de clases: 1972 y después Ed. ryr 

APARICIÓN CON VIDA DE FACUNDO.

 En este momento se realiza la marcha , desde Plaza de Mayo hasta la Casa de la Provincia de Buenos Aires, convocada por el ENCUENTRO MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA con las consignas:

APARICIÓN CON VIDA DE FACUNDO.

FUERA BERNI!

EL ESTADO ES RESPONSABLE.

Al llegar a la Casa de la Provincia se leerá el pronunciamiento consensuado por las organizaciones del Encuentro:

El jueves 20, desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia hacemos la ronda en la Plaza de Mayo, la Plaza de las Madres. Lo hacemos para repudiar toda desaparición forzada. Porque desaparición forzada significa que, gobierne quien gobierne, el Estado es responsable. Como pasó con Luis Espinoza en Tucumán. Con Franco Martínez en Lomas. Con Facundo Astudillo Castro en Bahía Blanca.

Días atrás apareció un cuerpo sin vida en una ría de Villarino, en un lugar ya rastrillado. Un esqueleto, menudo, sin brazos, boca abajo, plantado. Y cerca, una zapatilla de Facundo, llamativamente limpia, como si fuera un mensaje mafioso. No sabemos si es su cuerpo o no. Sea como sea, la causa de muerte y la identificación deben ser urgentes. ¡Urgentes! Porque no hay ningún derecho que tras 110 días de desaparición forzada, la autopsia y la prueba de ADN se dilaten con excusas burocráticas de cuarta. ¡Basta de prolongar el dolor y la incertidumbre! ¡Exigimos la identificación inmediata del cuerpo! Porque el primer derecho de su mamá Cristina y de sus hermanos, o el derecho de esa otra familia que perdió a un ser querido, y también el derecho de toda la sociedad, es conocer la verdad, toda la verdad.

A ocultar esa verdad se dedicó el ministro bonaerense de Seguridad, Sergio Berni. El mismo que le dijo a Cristina que Facundo estaba vivo y que lo iban a encontrar, pero que ahora dice que ella miente. Berni, el que amenaza al abogado Leandro Aparicio. Berni, el que desde el minuto uno encubre a la Bonaerense a su mando. Esa “maldita policía” corrupta y represiva que desapareció a Facundo. Esa policía que borra pruebas y que amenazó al ex cuñado de Facundo para que diga que lo vio en Bahía Blanca. Así como ante la desaparición forzada de Santiago Maldonado Patricia Bullrich dijo que no iba “a tirar a ningún gendarme por la ventana”, ahora Berni dice que “en la justicia no hay ningún elemento para culpar a la policía”.

Ex carapintada, infiltrado en la huelga de Río Turbio; represor de obreros, choferes en lucha y vecinos sin techo; paladín de la mano dura y de la justicia por mano propia, Rambo que se pavonea ametralladora en mano, candidato a no se sabe qué, Berni no debe seguir ni un minuto más al frente de la mayor fuerza armada del país. Como lo reclama la mamá de Facundo y como lo reclaman amplios sectores sociales incluso afines al gobierno nacional, ante la Casa de la Provincia de Buenos Aires exigimos ¡fuera Berni! Y lo decimos bien claro: ¡Fuera Berni!

Y en este punto la responsabilidad política es del gobernador Axel Kicillof, que lo designó y lo sostiene en ese cargo. Tampoco es ajeno a esto el presidente Alberto Fernández. Por un lado, tiene responsabilidad porque cada elogio del poder político a las fuerzas armadas, de seguridad y a la policía, alienta por abajo más autoritarismo, más abusos y más gatillo fácil. Y también es responsable porque la desaparición forzada de Facundo ocurrió en este país, es un delito federal y Fernández nada efectivo dice, y nada efectivo hace, para que haya verdad y justicia.

Por otra parte, el caso de Facundo se enmarca en los 92 asesinatos que han cometido las fuerzas de seguridad en todo el país desde que empezó la cuarentena.

Con distintos protagonistas y discursos, el trípode de construcción de impunidad del Estado se repite. La primera pata es alguna fuerza represiva, que viola los derechos humanos, con costo en vidas, en general jóvenes. La segunda pata es la justicia, que deja libres a los policías que deberían estar presos, como hace la jueza María Gabriela Marrón, y que obstaculiza la investigación, como hace el fiscal Santiago Martínez y por eso reclamamos que se lo aparte de la causa. Y la tercera pata de la impunidad es el poder político, que primero habilita el accionar represivo y luego encubre a sus autores, a lo sumo con alguna purga policial de ocasión. A todo ese andamiaje de muerte y mentira, desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia le decimos Nunca Más. ¡Nunca Más!

• ¡Urgente identificación del cuerpo hallado!

• ¡Aparición con vida ya de Facundo Astudillo Castro!

• ¡Fuera Berni!

• ¡El Estado es responsable!

Jornadas de Cine Foros Virtuales “Mujeres alimentando la paz”.

DDHH-COLOMBIA

#ElExilioCuenta #EnfoqueGenero #MECoPaLaPaz

El sábado 22 de Agosto a las 17:00 horas (Arg) iniciará la serie de Cine foros virtuales: “Mujeres Alimentando la paz” con el lanzamiento del corto documental “Cocinando Memorias” de la realizadora Johana Arango Pérez. Se presentará también  el documental “Mujeres Constructoras de Paz” del Director Miguel Iván Ramírez  que narra la experiencia organizativa de la Fuerza de Mujeres Wayuu.

El proyecto es impulsado desde el  Colectivo MECoPa (Migrantes y  Exiliadxs Colombianxs por la Paz) con  mujeres víctimas del conflicto armado colombiano en Argentina. Cada encuentro ofrece una mezcla de sabores, historias y piezas documentales que convocan a compartir  reflexiones y esperanzas por la paz en  Colombia. 

Las jornadas se realizarán los días 22 de agosto, 12 de septiembre, 3 y 24 de octubre, y 14 de noviembre a las 17hs (Arg) y 15hs (Col) por Facebook Live de la página de MECoPa: https://www.facebook.com/MecopaLaPaz

Además realizaremos la feria gastronómica de comida tradicional colombiana que busca incentivar la ampliación de canales de promoción y  difusión de  los productos que  cocinan  las mujeres víctimas del conflicto, apoyando sus emprendimientos en el actual contexto de pandemia. 

Solo necesitas: 

1) Inscribirte y compartir la publicación del evento en redes.

2) Participar en  el 1er  Cine foro virtual: “Mujeres Alimentando la paz “

3) Dejar un comentario y etiquetar a dos amigxs.

Seleccionaremos a  45  personas que cumplan con estos requisitos y recibirán gratuitamente en su  domicilio la entrega al domingo siguiente de la realización de cada jornada de cine-foro.

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ANTE EL ESCÁNDALO POLÍTICO-JUDICIAL EN NUESTRA PROVINCIA

DDHH-ROSARIO

Las denuncias sobre los hechos de corrupción en el ámbito del Poder judicial, que por estos días han salido a luz pública, son apenas la punta de un iceberg, debajo del cual se oculta un verdadero entramado de corrupción y complicidades, que unen al poder político, el aparato judicial, y a las fuerzas represivas, con sectores del empresariado y el delito organizado. Entramado del cual son parte algunos abogados, contadores, escribanos e inmobiliarias.  

No vamos a generalizar. Pero limitar esta cuestión a la inmoralidad de algunos funcionarios -En este caso los Fiscales Serjat y Ponce Assad- entre otros personajes, es un intento de lavarle la cara a las “instituciones” y en definitiva ocultar cómo funciona el poder real -No el de los discursos- y al servicio de qué intereses actúa. 

Desde la Coordinadora Antirrepresiva, en innumerables declaraciones y actos, desde hace años hemos venido denunciando estos hechos -Cualquiera puede verificarlos con solo consultar nuestra página- Nunca nos hemos callado la boca frente a la represión. Los hemos denunciado porque hemos sido víctimas directas de este entramado de corrupción y represión que une a Políticos, Jueces, Fiscales y a Empresarios. Claro que no hemos sido los únicos. Allí están para confirmarlos Mercedes Delgado, Javier Barquilla, Franco Casco, Patón, Mono y Jeremías, Pichón Escobar y Bocacha, entre otros, y los cientos de jóvenes asesinados por el gatillo fácil, los miles de procesados por luchar y tantos otros casos más. 

Ahora el Ministro de Seguridad Saín, parece descubrir lo que tantas veces hemos denunciado. Pero lo hace de manera limitada. Solo vincula la complicidad y corrupción de funcionarios del poder judicial y policial con el narcotráfico, el juego clandestino y otras actividades delictivas. Nada dice de la complicidad de los políticos que precisamente designan a estos funcionarios, ni hasta donde suben las enormes sumas de dinero, que se recaudan por fin de semana en nuestra Ciudad. Según sus propias declaraciones, entre 2 y 4 millones de pesos por cada bunker que funciona en nuestra ciudad, que se calcula son unos doscientos. ¿Quién lava ese dinero? ¿En que se invierte y como se hace sin la participación de contadores, abogados y empresarios vinculados al negocio inmobiliario, al tiempo que jefes policiales y algunos fiscales, jueces y políticos reciben su cuota parte? Si un estafador como Padoán, directivo de Vicentin, fue Presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario- una de la más importante del mundo en el comercio de granos—porque nos va a llamar la atención que “otras grandes personalidades de la Ciudad” como el empresario Jaef y el gerente del Diario La Capital, Pablo Abdala, también estén imputados en una mega estafa inmobiliaria. 

Esto desde la Coordinadora siempre lo hemos denunciado. Y es verdad que hemos pagado un precio por ello, pero jamás nos acallaron. El asesinato de nuestro compañero Cristian Aquino por defender los derechos a la sindicalización de los trabajadores gastronómicos, es una prueba de esto. Crimen aún impune, que el Fiscal Malaponte nunca investigo y archivo la causa, a pesar de las pruebas aportadas que involucran a la Cámara Gastronómica, al Sindicato y a miembros del Consejo Deliberante local. También lo es la detención de Guillermo Piccolo, más todas las amenazas y brutales represiones que hemos sufrido y enfrentado junto a los vecinos, contra los intentos de desalojo de 1.500 familias en el Barrio de la Sexta   

POR ESO ES GRAVE QUE SAIN NO DIGA  NADA SOBRE COMO FUNCIONA ESTE ENTRAMADO EN LA REPRESIÓN AL MOVIMIENTO OBRERO Y POPULAR, Y COMO DESDE ALLÍ SE DEFIENDEN LOS NEGOCIADOS DE LOS GRANDES GRUPOS ECONOMICOS QUE FUNCIONAN EN NUESTRA PROVINCIA, LIMITANDO LA CUESTIÓN A LA CORRUPCIÓN DE UN PAR DE FISCALES. 

Los compañeros del Centro Comunitario de la Paz y Esmeralda del Barrio de la Sexta, y de la Sexta Resiste, integrantes a su vez de la Coordinadora Antirrepresiva, pueden dar fe de como todo este entramado, no solo está vinculado a la corrupción, sino que también es el brazo armado, junto a una serie de patotas del aparato represivo. 

Acá señalaremos solo algunos hechos que avalan lo que decimos. Estamos seguros que otras organizaciones de DDHH, en la medida en que se pronuncien, podrán aportar más elementos. Lo mismo las organizaciones políticas, sindicales y sociales, quienes junto a familiares y víctimas de la represión, pueden aportar más elementos para poner al descubierto estas políticas. 

UNA BREVE CRONOLOGIA. 

En el año 2014, luego de que Cristina anunciara en el Congreso Nacional la ley antipiquetes, la misma se puso en ejecución en nuestra Ciudad. La represión, dónde el saldo fueron militantes y varios vecinos del Barrio detenidos incluido un bebe de 8 meses, estuvo a cargo del Comisario Villanua, entonces jefe de la comisaria 3°, luego ascendido a jefe de la Unidad Regional II, y hoy procesado por sus vínculos con el narcotráfico y con “Cachete” Díaz, uno de los responsables del asesinato del gerente del Banco Nación de las Parejas, en el Casino de Rosario. Villanua es uno de los innumerables jefes policiales desplazados por sus vínculos mafiosos. Nunca por ser un represor. 

Ese mismo año, desalojan violentamente una carpa instalada frente a la Dirección de Vivienda Provincial por los compañeros del Barrio, quienes reclamaban por planes de viviendas. El operativo fue encabezado por el abogado Aníbal Porri. Este “profesional” es el tesorero del Colegio de Abogados de Rosario, abogado del Sindicato de Municipales, y abogado de la Secretaria Municipal de Control Urbano -Lo que se dice un hombre ocupado- Sin embargo el abogado, aparte de reprimir, se hizo tiempo para trasladar, en combinación con el Fiscal Regional Patricio Serjal y el Fiscal Ponce Assad, a uno de los jefes del juego clandestino, Peitti, hasta la casa del Fiscal para que pague el “tributo” de 10.000 dólares, según muestra el video presentado en la reciente audiencia imputativa.  

En el año 2015, durante una manifestación de familiares contra los numerosos casos de gatillo fácil frente al Ministerio Público de la Acusación, el Fiscal Moreno, ordenó la detención de más de 25 familiares del barrio, acusándolos falsamente de haberlo secuestrado, de daños y amenazas. Esa causa sigue abierta y pende como una amenaza contra los compañeros. 

Durante el año 2018, se desato por parte del Gobierno del Partido Socialista, la feroz represión contra el barrio con el objetivo de desalojar a las 1.500 familias que desde hace más de 100 años ocupan esas tierras frente al Río. Hoy las más valiosas de Rosario. Un gran negocio para el lavado de dinero de los agro exportadores, el narcotráfico y los especuladores inmobiliarios. La represión se mantuvo durante todo el año. El saldo, decenas de heridos, amenazas, persecuciones, y la detención del compañero Guillermo Piccolo, liberado después de 22 días gracias a la lucha y solidaridad de diversas organizaciones. También el saldo, y es el más importante, es que luego de una heroica resistencia, los trabajadores y trabajadoras aún continúan viviendo en el Barrio exigiendo los títulos de propiedad y el derecho a la tierra en donde viven. 

Aquí también la “Justicia” jugo su papel. Los Fiscales Enríquez y Foppiani, junto al Juez Postman, encabezaron la persecución judicial contra los compañeros. Postman hoy enfrenta un pedido de juri, junto al Fiscal Spelta (Hoy encargado de investigar—o encubrir—el crimen de Bocacha) por su actuación en el caso Sandoval, uno de los jefes de una banda de narcotraficantes, responsable de múltiples crímenes. Mientras tanto varios compañeros del Barrio siguen con procesos abiertos por su participación en estas luchas.  

En el año 2020, en plena pandemia, nuestra compañera Godoy, miembro de la Agrupación Gastronómica y de nuestra Coordinadora, mientras organizaba la lucha con sus compañeros contra la precarización laboral, el cobro de los salarios adeudados y contra los despidos, es amenazada de muerte por el Sindicato, a pedido de la patronal, diciéndole que le iban a cortar la cabeza, que la iban a hacer mierda si se continuaba organizando, a través de la lucha, junto a los compañeros de distintos lugares de trabajo. El crimen impune y nunca investigado de Cristian Aquino, sin dudas alienta a los burócratas sindicales y a los empresarios para llevar adelante este tipo de prácticas.      

Por eso afirmamos que no se trata solo de un par de Fiscales corruptos. Se trata de cómo funciona el poder y los intereses que defienden en medio de tanta corrupción. Se entiende porque en cada marcha que hacemos a los Tribunales no vamos a reclamar justicia, sino a denunciar las injusticias. Las injusticias de una “justicia clasista” al servicio de los ricos y poderosos. El Poder es uno solo y funciona como tal. La independencia de los poderes es cuento para niños, no para quienes luchamos y somos reprimidos por la burguesía. El ex Ministro de Seguridad de la Provincia durante el Gobierno de los Socialistas lo dejo en claro, cuando llamó al Fiscal General Baclini y al Gobernador Lifschitz para que separarán de su cargo al Fiscal Apullan, quien detuvo al jefe policial de Rafaela por sus vínculos con los narcos. La queja era porque le habían prometido que lo detendrían después de las elecciones, que perdieron, en el 2015. Es también el Juez Lorenzini, oponiéndose a la expropiación de Vicentin, pese a la descomunal estafa y encubriendo “legalmente” el recule del Gobierno Nacional. 

Es este mismo poder que hoy Perotti, quien asumió con la consigna de “Paz y Orden”, el que refuerza al mismo, destinando en medio de la pandemia y de una crisis feroz, 1.000 millones de pesos para reforzar a la Policía -Una de la más corrupta y violenta del País- mientras los autoriza a que se desplacen con una bala en la recamara y listos a disparar. Chocobar es un poroto al lado de esto. 

Desde la Coordinadora Antirepresiva Rosario no nos oponemos a que estos personajes sean destituidos y que paguen con la cárcel sus delitos. Pero no vamos avalar confusiones. Aquí no se trata de un par de Fiscales o Policías corruptos. Tampoco del intento por parte del poder político de volver a recuperar el control de negocio del narcotráfico, de acuerdo a declaraciones del propio Sain, y bajar la criminalidad que lo acompaña. Se trata para nosotros y el conjunto de las fuerzas obreras y populares de construir una justicia al servicio del Pueblo. Una justicia que sea la expresión jurídica de un gobierno obrero y popular. 

                                                        COORDINADORA ANTIRREPRESIVA ROSARIO. 

Agosto del 2020