La Palabra Justa publica el informe que realizó el Observatorio Lawfare sobre la situación en Colombia.
Hace varios meses el gobierno colombiano viene recibiendo denuncias con un fuerte eco en la prensa nacional y con la intención de desacreditar su gestión. Las acusaciones pueden agruparse en dos sentidos: aquellas basadas en la financiación de las campañas al congreso y la presidencia durante 2022, y las relacionadas a presuntos hechos irregulares durante la actual gestión. Mientras que las del primer grupo han sostenido una matriz dirigida a establecer una “ilegitimidad de origen” del gobierno con causas abiertas en varias entidades como la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Nacional Electoral y recientemente, la Corte Suprema de Justicia, las del segundo grupo apuntan a la corrupción como hecho central.
Las “fuentes” de ilegitimidad
La revista Semana publicó fragmentos de una entrevista a Ómar Hernández (CEO de Spartan Hill), quien se encuentra detenido acusado por lavado de activos mediante una empresa de criptomonedas llamada Daily Cop y mantiene un acuerdo de colaboración con la Fiscalía para acceder al principio de oportunidad. Según Hernández, el titular de la empresa, Sebastián Betancourt, se reunió con Ricardo Roa cuando era gerente de la campaña "Petro Presidente" para pactar un "pago en especie" que se habría efectuado mediante traslados en un avión de la Sociedad Aérea de Ibagué (SADI SAS). En una entrevista de la cadena radial Caracol, Hernández aclaró que no es él quien acusa al gobierno y que los detalles del caso que tomó estado público se desprenden de una declaración que realizó en su causa por defraudación mediante Daily Cop.
Sin embargo, el encuentro fue negado por Betancourt y los pagos a la SADI están en los registros contables de las campañas al congreso y la presidencia. A pesar de ello, la vinculación busca establecerse a través del piloto Carlos Restrepo, a quien según Hernández, las criptomonedas con las que le pagaron "son producto de una actividad ilícita". Aún sin comprobación judicial, el caso ha tomado relevancia basado en una suposición de Hernández según la cual “la campaña presidencial se benefició de esta gran estafa, que ha afectado a la sociedad colombiana” (Semana, 2024).
La figura llamada “principio de oportunidad” fue incorporada al sistema judicial colombiano como reflejo del esquema penal acusatorio estadounidense, donde la delación o el aporte de datos de personas relevantes se cambian por beneficios para el acusado, llegando incluso a cesar su persecución judicial. El empleo discrecional de esta herramienta ha favorecido el desvío de procesos judiciales hacia referentes de la política.
Dos secuelas de un mismo acto
El hecho más amenazante para el oficialismo consiste en una ponencia de dos (2) magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) contra el gerente de la campaña presidencial, Ricardo Roa, y el presidente Gustavo Petro, por superar los topes de financiación. Al respecto, el Consejo de Estado declaró competente al CNE para investigar, más no para sancionar con pérdida del cargo al Presidente de la República. Con estas condiciones, la solicitud de acusación presentada por los opositores Benjamín Ortíz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) fue tratada en la sesión plenaria del CNE el 29 de agosto, aunque no llegó a ser votada por los siete magistrados restantes. Lo extraordinario en este procedimiento es que el órgano electoral no está facultado para procesar al presidente, sin embargo, la inédita providencia del Consejo de Estado lo avala para formular cargos y derivar la decisión de destitución al Congreso. Es frente a esto en particular, que el presidente Petro ha ratificado que su gobierno se enfrenta a un golpe blando.
Para que el presidente de Colombia sea destituido, debe iniciarse un proceso en la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes y acusar al jefe de Estado ante el Senado, conocido comúnmente como Juicio Político. Luego de las investigaciones la cámara alta hará una votación para confirmar su culpabilidad o eximición.
Corrupción instrumental
Sneyder Pinilla, quien fue subdirector para el manejo de desastres de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), acusó en una entrevista con la Revista Semana y luego ante la Fiscalía a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes de Colombia (Iván Name del Partido Verde y Andrés Calle del Partido Liberal, respectivamente) de recibir multimillonarios sobornos para supuestamente acelerar el trámite de las reformas del Gobierno de Gustavo Petro en el Congreso. Aunque el propósito de la desviación de dineros públicos no ha sido probada, el ex director de la entidad, Olmedo López del ala oficialista del Partido Verde, pidió disculpas públicas al presidente antes de acudir a su primera indagatoria y expresó que el mandatario está exento de responsabilidad por los hechos investigados.
No obstante, tanto Pinilla como López presentaron matrices de colaboración para esclarecer el entramado alrededor del desfalco donde vinculan a congresistas a cambio de protección, por lo cual se extiende la investigación a la competencia de la Corte Suprema de Justicia.
Otros casos
Otras investigaciones que buscan establecer conexión con el entorno del presidente Petro, atañen al caso Marelbys Mesa contra Laura Sarabia y Armando Bendetti (ambos contrataron a Mesa como empleada doméstica), el de Aida Merlano (ex-senadora del Partido Conservador condenada en 2019 por delitos electorales en la costa Caribe, de donde es oriundo Bendetti) y Álvaro Córdoba, hermano de la senadora Piedad Córdoba, recientemente fallecida (extraditado a Estados Unidos por relaciones con narcotráfico). En todos los casos, así como el que recientemente tomó notoriedad respecto a Daily Cop y la SADI, la manufacturación del consenso mediático se ha dirigido a establecer el conocimiento, responsabilidad o relación con Gustavo Petro y su marco de alianzas.
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