DDHH-ROSARIO
Las denuncias sobre los hechos de corrupción en el ámbito del Poder judicial, que por estos días han salido a luz pública, son apenas la punta de un iceberg, debajo del cual se oculta un verdadero entramado de corrupción y complicidades, que unen al poder político, el aparato judicial, y a las fuerzas represivas, con sectores del empresariado y el delito organizado. Entramado del cual son parte algunos abogados, contadores, escribanos e inmobiliarias.
No vamos a generalizar. Pero limitar esta cuestión a la inmoralidad de algunos funcionarios -En este caso los Fiscales Serjat y Ponce Assad- entre otros personajes, es un intento de lavarle la cara a las “instituciones” y en definitiva ocultar cómo funciona el poder real -No el de los discursos- y al servicio de qué intereses actúa.
Desde la Coordinadora Antirrepresiva, en innumerables declaraciones y actos, desde hace años hemos venido denunciando estos hechos -Cualquiera puede verificarlos con solo consultar nuestra página- Nunca nos hemos callado la boca frente a la represión. Los hemos denunciado porque hemos sido víctimas directas de este entramado de corrupción y represión que une a Políticos, Jueces, Fiscales y a Empresarios. Claro que no hemos sido los únicos. Allí están para confirmarlos Mercedes Delgado, Javier Barquilla, Franco Casco, Patón, Mono y Jeremías, Pichón Escobar y Bocacha, entre otros, y los cientos de jóvenes asesinados por el gatillo fácil, los miles de procesados por luchar y tantos otros casos más.
Ahora el Ministro de Seguridad Saín, parece descubrir lo que tantas veces hemos denunciado. Pero lo hace de manera limitada. Solo vincula la complicidad y corrupción de funcionarios del poder judicial y policial con el narcotráfico, el juego clandestino y otras actividades delictivas. Nada dice de la complicidad de los políticos que precisamente designan a estos funcionarios, ni hasta donde suben las enormes sumas de dinero, que se recaudan por fin de semana en nuestra Ciudad. Según sus propias declaraciones, entre 2 y 4 millones de pesos por cada bunker que funciona en nuestra ciudad, que se calcula son unos doscientos. ¿Quién lava ese dinero? ¿En que se invierte y como se hace sin la participación de contadores, abogados y empresarios vinculados al negocio inmobiliario, al tiempo que jefes policiales y algunos fiscales, jueces y políticos reciben su cuota parte? Si un estafador como Padoán, directivo de Vicentin, fue Presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario- una de la más importante del mundo en el comercio de granos—porque nos va a llamar la atención que “otras grandes personalidades de la Ciudad” como el empresario Jaef y el gerente del Diario La Capital, Pablo Abdala, también estén imputados en una mega estafa inmobiliaria.
Esto desde la Coordinadora siempre lo hemos denunciado. Y es verdad que hemos pagado un precio por ello, pero jamás nos acallaron. El asesinato de nuestro compañero Cristian Aquino por defender los derechos a la sindicalización de los trabajadores gastronómicos, es una prueba de esto. Crimen aún impune, que el Fiscal Malaponte nunca investigo y archivo la causa, a pesar de las pruebas aportadas que involucran a la Cámara Gastronómica, al Sindicato y a miembros del Consejo Deliberante local. También lo es la detención de Guillermo Piccolo, más todas las amenazas y brutales represiones que hemos sufrido y enfrentado junto a los vecinos, contra los intentos de desalojo de 1.500 familias en el Barrio de la Sexta
POR ESO ES GRAVE QUE SAIN NO DIGA NADA SOBRE COMO FUNCIONA ESTE ENTRAMADO EN LA REPRESIÓN AL MOVIMIENTO OBRERO Y POPULAR, Y COMO DESDE ALLÍ SE DEFIENDEN LOS NEGOCIADOS DE LOS GRANDES GRUPOS ECONOMICOS QUE FUNCIONAN EN NUESTRA PROVINCIA, LIMITANDO LA CUESTIÓN A LA CORRUPCIÓN DE UN PAR DE FISCALES.
Los compañeros del Centro Comunitario de la Paz y Esmeralda del Barrio de la Sexta, y de la Sexta Resiste, integrantes a su vez de la Coordinadora Antirrepresiva, pueden dar fe de como todo este entramado, no solo está vinculado a la corrupción, sino que también es el brazo armado, junto a una serie de patotas del aparato represivo.
Acá señalaremos solo algunos hechos que avalan lo que decimos. Estamos seguros que otras organizaciones de DDHH, en la medida en que se pronuncien, podrán aportar más elementos. Lo mismo las organizaciones políticas, sindicales y sociales, quienes junto a familiares y víctimas de la represión, pueden aportar más elementos para poner al descubierto estas políticas.
UNA BREVE CRONOLOGIA.
En el año 2014, luego de que Cristina anunciara en el Congreso Nacional la ley antipiquetes, la misma se puso en ejecución en nuestra Ciudad. La represión, dónde el saldo fueron militantes y varios vecinos del Barrio detenidos incluido un bebe de 8 meses, estuvo a cargo del Comisario Villanua, entonces jefe de la comisaria 3°, luego ascendido a jefe de la Unidad Regional II, y hoy procesado por sus vínculos con el narcotráfico y con “Cachete” Díaz, uno de los responsables del asesinato del gerente del Banco Nación de las Parejas, en el Casino de Rosario. Villanua es uno de los innumerables jefes policiales desplazados por sus vínculos mafiosos. Nunca por ser un represor.
Ese mismo año, desalojan violentamente una carpa instalada frente a la Dirección de Vivienda Provincial por los compañeros del Barrio, quienes reclamaban por planes de viviendas. El operativo fue encabezado por el abogado Aníbal Porri. Este “profesional” es el tesorero del Colegio de Abogados de Rosario, abogado del Sindicato de Municipales, y abogado de la Secretaria Municipal de Control Urbano -Lo que se dice un hombre ocupado- Sin embargo el abogado, aparte de reprimir, se hizo tiempo para trasladar, en combinación con el Fiscal Regional Patricio Serjal y el Fiscal Ponce Assad, a uno de los jefes del juego clandestino, Peitti, hasta la casa del Fiscal para que pague el “tributo” de 10.000 dólares, según muestra el video presentado en la reciente audiencia imputativa.
En el año 2015, durante una manifestación de familiares contra los numerosos casos de gatillo fácil frente al Ministerio Público de la Acusación, el Fiscal Moreno, ordenó la detención de más de 25 familiares del barrio, acusándolos falsamente de haberlo secuestrado, de daños y amenazas. Esa causa sigue abierta y pende como una amenaza contra los compañeros.
Durante el año 2018, se desato por parte del Gobierno del Partido Socialista, la feroz represión contra el barrio con el objetivo de desalojar a las 1.500 familias que desde hace más de 100 años ocupan esas tierras frente al Río. Hoy las más valiosas de Rosario. Un gran negocio para el lavado de dinero de los agro exportadores, el narcotráfico y los especuladores inmobiliarios. La represión se mantuvo durante todo el año. El saldo, decenas de heridos, amenazas, persecuciones, y la detención del compañero Guillermo Piccolo, liberado después de 22 días gracias a la lucha y solidaridad de diversas organizaciones. También el saldo, y es el más importante, es que luego de una heroica resistencia, los trabajadores y trabajadoras aún continúan viviendo en el Barrio exigiendo los títulos de propiedad y el derecho a la tierra en donde viven.
Aquí también la “Justicia” jugo su papel. Los Fiscales Enríquez y Foppiani, junto al Juez Postman, encabezaron la persecución judicial contra los compañeros. Postman hoy enfrenta un pedido de juri, junto al Fiscal Spelta (Hoy encargado de investigar—o encubrir—el crimen de Bocacha) por su actuación en el caso Sandoval, uno de los jefes de una banda de narcotraficantes, responsable de múltiples crímenes. Mientras tanto varios compañeros del Barrio siguen con procesos abiertos por su participación en estas luchas.
En el año 2020, en plena pandemia, nuestra compañera Godoy, miembro de la Agrupación Gastronómica y de nuestra Coordinadora, mientras organizaba la lucha con sus compañeros contra la precarización laboral, el cobro de los salarios adeudados y contra los despidos, es amenazada de muerte por el Sindicato, a pedido de la patronal, diciéndole que le iban a cortar la cabeza, que la iban a hacer mierda si se continuaba organizando, a través de la lucha, junto a los compañeros de distintos lugares de trabajo. El crimen impune y nunca investigado de Cristian Aquino, sin dudas alienta a los burócratas sindicales y a los empresarios para llevar adelante este tipo de prácticas.
Por eso afirmamos que no se trata solo de un par de Fiscales corruptos. Se trata de cómo funciona el poder y los intereses que defienden en medio de tanta corrupción. Se entiende porque en cada marcha que hacemos a los Tribunales no vamos a reclamar justicia, sino a denunciar las injusticias. Las injusticias de una “justicia clasista” al servicio de los ricos y poderosos. El Poder es uno solo y funciona como tal. La independencia de los poderes es cuento para niños, no para quienes luchamos y somos reprimidos por la burguesía. El ex Ministro de Seguridad de la Provincia durante el Gobierno de los Socialistas lo dejo en claro, cuando llamó al Fiscal General Baclini y al Gobernador Lifschitz para que separarán de su cargo al Fiscal Apullan, quien detuvo al jefe policial de Rafaela por sus vínculos con los narcos. La queja era porque le habían prometido que lo detendrían después de las elecciones, que perdieron, en el 2015. Es también el Juez Lorenzini, oponiéndose a la expropiación de Vicentin, pese a la descomunal estafa y encubriendo “legalmente” el recule del Gobierno Nacional.
Es este mismo poder que hoy Perotti, quien asumió con la consigna de “Paz y Orden”, el que refuerza al mismo, destinando en medio de la pandemia y de una crisis feroz, 1.000 millones de pesos para reforzar a la Policía -Una de la más corrupta y violenta del País- mientras los autoriza a que se desplacen con una bala en la recamara y listos a disparar. Chocobar es un poroto al lado de esto.
Desde la Coordinadora Antirepresiva Rosario no nos oponemos a que estos personajes sean destituidos y que paguen con la cárcel sus delitos. Pero no vamos avalar confusiones. Aquí no se trata de un par de Fiscales o Policías corruptos. Tampoco del intento por parte del poder político de volver a recuperar el control de negocio del narcotráfico, de acuerdo a declaraciones del propio Sain, y bajar la criminalidad que lo acompaña. Se trata para nosotros y el conjunto de las fuerzas obreras y populares de construir una justicia al servicio del Pueblo. Una justicia que sea la expresión jurídica de un gobierno obrero y popular.
COORDINADORA ANTIRREPRESIVA ROSARIO.
Agosto del 2020
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