Por: Josefa Sánchez Contreras [*]
En 1984 se estrenó la película “Donde sueñan las hormigas verdes” dirigida por el legendario Werner Herzog. El filme no está lejos de nuestra realidad, ahí se muestra un conflicto contemporáneo, se trata de una compañía minera que pretende extraer uranio en el desierto australiano y es precisamente en un territorio sagrado para los pueblos Worora y Riratjingus. Las diferencias entre la compañía minera y los pueblos se muestran a lo largo de toda la trama, pero hay una escena que exhibe el choque de mundos: transcurre en el Tribunal Supremo de Australia, ahí están los pueblos originarios argumentando la defensa de sus tierras frente a un jurado de hombres blancos, se trata de un diálogo asimétrico, lleno de equívocos y sorderas. En un acto desesperado se levanta un integrante de la delegación originaria y una vez frente al jurado expone el sentido onírico del territorio en cuestión, la sala se queda en silencio ante una lengua desconocida, en el tribunal piden la traducción, pero no hay traductor, es el único hablante de esa lengua, todo su pueblo ha muerto.
La ficción distópica se ve rebasada por la realidad, la escena exhibe la condición colonial en la que los marcos estatales nacionales mantienen a los pueblos indígenas no solo en la Australia de la década de 1980, sino también representa la actualidad de todos los países latinoamericanos independizados desde el siglo XIX. Los litigios en los tribunales son una cotidianidad con la que tenemos que lidiar los pueblos, ya sea para argumentar que son nuestras tierras ancestrales las que habitamos o ya sea para defender la libertad de los presos políticos o para exigir justicia en los casos de desaparición y asesinato.
Los tribunales padecen la sordera, a ellos no les interesa hablar las lenguas de los pueblos y éstas se extinguen a un ritmo vertiginoso, como dijo la escritora mixe Yásnaya Aguilar Gil “nuestras lenguas no mueren solas, a nuestras lenguas las matan”. Como un guión que no caduca la misma escena de la lejana Australia se sigue repitiendo en diversas latitudes. Es la situación de Héctor Llaitul, el vocero de la organización mapuche llamada Coordinadora Arauco Malleco (CAM), él es un weychafe que durante muchos años ha luchado por la recuperación de las tierras ancestrales del Wallmapu que el Estado chileno se niega a reconocer.
El vocero de la CAM se encuentra preso desde agosto de 2022. En este 2024 fue sentenciado a 23 años de prisión por la autoría que le atribuyen en los delitos de usurpación violenta de predio, de hurto simple y de atentado contra la autoridad, todos estos contemplados en la Ley de Seguridad Interior del Estado, misma ley que fue reformada y utilizada por la dictadura de Augusto Pinochet para reprimir toda protesta y oposición.
Desde el 3 de junio Héctor Llaitul inició una huelga de hambre para exigir su traslado al Módulo de Comuneros de la cárcel de Temuco, también exige la nulidad del juicio que lo condenó y además la liberación de los comuneros presos mapuches.
Como una escena de cualquier pueblo indígena reclamando sus tierras ancestrales en los tribunales, en un juicio Héctor Llaitul argumentó que su lucha “no es una apología de la violencia, es un choque de mundos”. El vocero de la CAM arguyó “Esa tierra está reconocida por el título de merced que es una forma oprobiosa de reconocer nuestra tierra una vez que somos derrotados y que nos quitan todo, incluso el título de merced dice que esa tierra pertenece a la comunidad, y sin embargo aún está en manos de una forestal que planta pinos al lado de las casas de las comunidades. Existen todos los antecedentes y cuando existen todos los antecedentes y no se logra, por la vía judicial o por la vía política o de cualquier tipo, la recuperación de las tierras para esa comunidad, procede la recuperación de hecho”.
Cuando los pueblos recuperan sus territorios la respuesta es una violencia de origen colonial. El colonialismo no concluyó con la formación de los Estados Chileno y Argentino, el despojo tampoco ha concluido con el mandato de Gabriel Boric tal como denuncia la CAM. La violencia colonial se agudiza en la medida que la emergencia climática y la crisis de los combustibles fósiles incrementan. Una nueva geopolítica por la disputa de los recursos energéticos se configura. Los Estados y las corporaciones están promoviendo la descarbonización de la economía para reducir el 1.5 ºC de la temperatura del planeta, no obstante, ello está significando una demanda exponencial de minerales estratégicos para una tercera revolución industrial que promete cero emisiones. En este escenario el litio es el mineral clave para esta nueva geopolítica del colonialismo energético. Donde precisamente Chile es parte del codiciado triángulo de litio, que abarca Bolivia y Argentina.
A la luz de estos conflictos se vuelve mucho más difícil el cumplimiento de la libre determinación de los pueblos originarios. La demanda de minerales en el Norte global aumenta al tiempo que una nueva ola de gobiernos latinoamericanos erigidos como las izquierdas de este siglo allanan el camino a las compañías mineras y protegen los intereses económicos de las empresas forestales que mantienen ocupado el Wallmapu, cuyos monocultivos de eucalipto no son más que la continuidad del extractivismo.
No es sólo una persona mapuche la que sortea la muerte en prisión, son muchas vidas las que se debaten en el choque de mundos. No son pocos los sitios sagrados amenazados por el extractivismo minero y forestal, ni son pocos los pueblos que sueñan otro mundo posible y en ello no hay violencia sino una apuesta por la vida ante la devastación de la Tierra. Entonces pregunto ¿No es acaso la renovada narrativa del colonialismo una apología de la violencia en tanto legitima el exterminio de nuestros pueblos?.
[*] Originaria del pueblo zoque y doctora en Sociologa.
https://elirreverente.cl/hector-llaitul-no-es-una-apologia-de-la-violencia-es-un-choque-de-mundos/
